De manera unánime el Congreso del Estado aprobó reformas a la Constitución Política del Estado de Sinaloa con las que se armonizan y sistematizan las disposiciones locales con las generales en la materia de combate a la corrupción con las que se instituye el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, los Tribunales de Justicia Administrativa, el fortalecimiento y ampliación de facultades de la Auditoría Superior del Estado e incluir la obligatoriedad de la llamada declaración tres de tres, entre otras.
En el documento se precisa que el caso del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción será la instancia de coordinación entre las autoridades competentes del Gobierno Estatal y Municipal en la prevención, detección y Sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Dicho sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la ASE, de la Fiscalía Anticorrupción, se la Secretaría del Ejecutivo Estatal responsable del control interno, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el presidente de CEAIP, así como un representante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otro del Comité de Participación Ciudadana.
Previo a la discusión del dictamen realizado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, tomando en cuenta siete iniciativas, la diputada Irma Moreno Ovalles (PRI), presidenta de la Comisión, explicó que con estas reformas se establecen las bases necesarias para la lucha anticorrupción que la sociedad demanda mediante la creación de una fiscalía que trabajará al interior de la Fiscalía General del Estado.
Explicó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción estará encabezada por un Vicefiscal, el cual será nombrado y removido por el fiscal general, y tendrá la facultad de perseguir todos aquellos delitos relacionados a la corrupción; puede ser objetado en su nombramiento o para ser removido por el Congreso del Estado, siempre respetando la autonomía de la Fiscalía General.
De acuerdo al dictamen aprobado, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, será el órgano constitucional autónomo encargado de dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y municipal y los particulares, además de que se integrará por una Sala Superior conformada por tres magistraturas y por las Salas Regionales Unitarias que determine la Ley.
Entre las facultades del Poder Legislativo, estará la de ratificar con la votación de dos terceras partes del Pleno, a quienes sean propuestos por los presidentes o presidentas municipales como contralores, quienes habrán de ser designados a propuesta de una terna del comité ciudadano.
Moreno Ovalles destacó que al aprobarse esta reforma constitucional, el Poder Legislativo contará con 90 días para concluir con la armonización, mediante la discusión y formulación de leyes secundarias relacionadas con el tema a través de consultas y reuniones incluyentes con especialistas, autoridades y la sociedad interesada en participar.
Cabe destacar, que los diputados Juan Pablo Yamuni Robles (PAN) y Efrén Lerma Herrera (PRD) reservaron el artículo 76-Bis A para realizar una propuesta en lo particular, sin embargo, el Pleno rechazó las solicitudes.
