El Pleno de la LXII Legislatura dio trámite legislativo a diversas iniciativas para le expedición de tres nuevas leyes y de reforma a una ley existe, con el objetivo de enriquecer el marco jurídico sinaloense.
En primera instancia, se conoció la iniciativa presentada por la diputada Ana Cecilia Moreno Romero (PRI), para que se expida la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Sinaloa, con el objetivo de garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados.
Del mismo modo, busca fijar la competencia de la Comisión estatal para el Acceso a la Información Pública, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, con base en la normatividad aplicable en la materia; establecer los procedimientos y condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de los datos personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancel alción y oposición, mediante procedimientos sencillos y expeditos; regular el procedimiento del Recurso de Revisión para garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, entre otros.
Posteriormente, se le dio lectura a la iniciativa del diputado Jesús Ibarra Ramos (PANAL), con la que propone expedir la Ley para Impulsar la Productividad y Competitividad de la Economía del Estado de Sinaloa, documento que entre sus objetivos contempla reglamentar lo dispuesto a la promoción permanente de la competitividad, el incremento continuo de la productividad, y la implementación de una política estatal de fomento económico que impulse el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales.
Menciona la obligatoriedad del Ejecutivo Estatal a implementar e instrumentar una política estatal de fomento económico, en concertación con los sectores privado y social, así como en coordinación con los municipios, y en su caso, con los órganos autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias.
En otro tema, se le dio trámite a la iniciativa del diputado Misael Sánchez Sánchez (PVEM) para adicionar un párrafo segundo y un cuarto al artículo 86 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, para que las trabajadoras que logren obtener la adopción de un infante, gocen de tres días laborables de descanso a partir de la adopción, toda vez que cuando pedir licencia por maternidad es un derecho que tienen todas las madres trabajadoras en el país durante la última fase del embarazo y después del parto, sin embargo no se tiene ninguna consideración para el caso de las adopciones.
Otra de las iniciativas que recibió trámite, fue la presentada por la diputada María Eugenia Medina Miyazaki (PRI), para que se expida la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, cuyo propósito es establecer las bases de coordinación entre las autoridades de todos los Entes Públicos de la Entidad, para la integración, organización y funcionamiento del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, con el fin de prevenir, y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
Menciona que el Sistema Anticorrupción del estado, establecerá con los entes públicos, acciones que generen confianza a la población en general para fomentar una cultura de legalidad, participación ciudadana, transparencia y acciones en el combate a la corrupción en Sinaloa, bajo esquemas como el establecimiento de mecanismos de coordinación ente los diversos órganos de combate a la corrupción de todos los Entes Públicos, entre otros.
En otro tema, se conoció el documento con el que el alcalde de Elota, Ángel Geovani Escobar Manjarrez, solicita al Congreso del Estado el traslado provisional de los Tres Poderes del Estado a la ciudad de La Cruz, con el fin de conmemorar el Centenario de su municipalización mediante una Sesión Solemne. En el documento, se precisa que fue “el 5 de Mayo de 1917, cuando se instala el Primer Ayuntamiento por Decreto siendo Gobernador de Sinaloa el General Ángel Flores”.
En Asuntos Generales, Carlos Castaños Valenzuela (PAN), Francisco Montenegro Verdugo (PRI) y Efrén Lerma Herrera (PRD), se pronunciaron por la instalación del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, para que a la brevedad se inicie con los trabajos de análisis de las iniciativas presentadas sobre el tema y la ruta crítica a seguir durante el proceso, toda vez que se trata de un tema que la sociedad exige y mediante el cual se busca el combate frontal a uno de los principales problemas a los que se enfrenta la ciudadanía y los gobiernos.
Posteriormente, el diputado Roberto Cruz Castro (PAN), pidió al gobierno estatal cumplir con lo estipulado en la Ley de Ingresos y presupuesto de egresos del presente año en referencia a los 270 millones de pesos etiquetados para el otorgamiento de uniformes y útiles escolares, y que por ningún motivo se recorte la partida, toda vez que se estaría afectando a niños que no se verían beneficiados, a la economía familiar por hacer un gasto no contemplado, y a los comerciantes y textileros de la entidad que han participado bajo el esquema que gobierno designó.
Al tema se sumó el diputado Víctor Corrales Burgueño (PAS), quien pidió la comparecencia de las autoridades encargadas de la operación de este programa, porque es necesario que se continúe cuando menos bajo las mismas condiciones que se venía otorgando.
Mientras tanto, la diputada Soila Maribel Gaxiola Camacho (PAS), hizo uso de la tribuna para plantear la necesidad de que se dé celeridad a los trabajos relacionados con la Nueva Ley Orgánica del Congreso del Estado, toda vez que es necesario avanzar en el tema y poder acabar con algunos vacíos con los que se cuenta actualmente, insistió en que hay materia suficiente y todas las fracciones parlamentarias han mostrado voluntad en el tema.
Por otra parte, las diputadas Francisca Henríquez Ayón (PAN) y Jesús Angélica Díaz Quiñonez (PAS), presentaron posicionamientos sobre paludismo, precisando que a últimas fechas han incrementado los casos de este padecimiento en la entidad, por lo que llamaron a las autoridades sanitarias a retomar medidas preventivas como la fumigación a fin de combatir la situación y conjuntar esfuerzos para lograr la certificación de Sinaloa, como estado libre de paludismo para el año 2030.
