* Con estas propuestas se busca la implementación del Protocolo Alba y el respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
De manera unánime el Congreso del Estado aprobó dos puntos de acuerdo con los que se pretende la implementación de mecanismos de protección a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y a mujeres en situación de violencia.
En uno de los documentos, la diputada María Fernanda Rivera Romo (PRI), planteó la implementación de forma permanente el Protocolo ALBA, el cual tiene la finalidad de prevenir y atender el extravío, sustracción y desaparición de mujeres, como una medida de seguridad que contribuya a reducir los constantes casos que se presentan en la entidad.
Con este exhorto a las autoridades estatales, en específico para la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, habrá de implementarse un mecanismo operativo de coordinación inmediata para la búsqueda y localización de mujeres y niñas desaparecidas, alertando a las corporaciones policiacas para que actúen de manera conjunta.
El Protocolo ALBA consta de tres fases, la primera, es la presentación de la denuncia y la toma de muestras de ADN para un banco de datos; la segunda, consiste en alertar a las dependencias en materia de seguridad de los tres órdenes de gobierno y organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación; y en caso de no ser localizada la persona en un lapso estipulado de tiempo, se pasa a la tercera fase, la cual es la indagatoria a partir de la presunción de un delito.
Al aprobarse esta medida por parte del Congreso del Estado, se trabaja dentro del marco de acciones establecidas en la Alerta de Género que se implementa en la entidad y que busca la reducción de la violencia en contra de las mujeres.
Por su parte, la diputada Gloria González Burboa (PRI), exhortó al Poder Ejecutivo para que en coordinación con el Comisionado de los Derechos Humanos del Estado, capaciten y sensibilicen a los servidores y funcionarios públicos de la entidad sobre la importancia de respetar a este grupo social, asunto al que se sumó en tribuna la diputada Angélica Díaz Quiñonez (PAS), quien dijo que al interior de la legislatura existen iniciativas que buscan atenuar la situación de marginación de las comunidades indígenas, por lo que pidió dar celeridad en su dictaminación y aprobación.
Toda vez que el gobierno estatal, así como los de los 18 municipios, tienen como principal deber el de “respetar las culturas, costumbres, valores y derechos de los pueblos indígenas, en particular los aspectos colectivos de cada grupo que habita dentro de la entidad”, y que a pesar de que a nivel constitucional se establecen los derechos de los pueblos y comunidades indígenas se deben respetar, sin embargo “faltan aún acciones por parte de funcionarios y servidores públicos” que lo garanticen.
