Sixto Román
La Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, o más bien sólo su presidente José Menchaca, dio a conocer que el tema se pospone y se va a llevar a consulta entre la ciudadanía; y aunque sus expresiones son de eventualmente madurar la propuesta y retomarla después de que la sociedad se convenza, todo indica ahora que esto sólo fue un discurso.
Hubo movilizaciones de grupos de la sociedad civil; hubo expresiones muy constantes y remarcadas de partidos políticos de que esto era el regreso a las prácticas oscuras, pero una fuerte duda quedó en el aire: ahora que se quedan las cosas como estaban, ¿hay plena confianza de la ciudadanía de que se recupera la transparencia y la democracia?
Evidentemente si uno recuerda la experiencia histórica del Congreso cuando se abordan ese tipo de temas y se vota si una administración municipal o determinado período gubernamental violó la ley o desvió recursos, o fue opaco, o incumplió la expectativa de la sociedad, una gran cantidad de ciudadanos estará de acuerdo en que el voto de fracciones políticas en el congreso politiza, si se quiere entender con el Perogrullo, cualquier tipo de definición, y entonces se da con todo tipo de razonamiento, menos el lógico, muchísimo menos el justo. En otras palabras: se aprueba el acto del Gobierno de mi partido, no se apoya la honradez, ni la honestidad; ni siquiera la ética o la transparencia, y por más delitos que cometió un gobernante, por más que se hizo práctica de actos corruptos y desvío supermillonario de dinero, el congreso no ha evidenciado tales y entonces nadie ha ido a la cárcel.
Esa es la circunstancia en que se queda el Congreso ahora.
Claro que tampoco es por defender a ciegas en este espacio una propuesta que podría traer elementos lógicos y a lo mejor una salida probable para resolver el gran estancamiento y distorsión que provocan las discusiones de fuerzas políticas en el Congreso sobre temas que tiene que resolver una instancia que procure, investigue y busque castigo real a quienes están cometiendo delitos en cargos públicos. Es más; en estas líneas pretendemos rescatar la máxima aspiración del ciudadano común de que tengamos gobiernos justos, honestos, transparentes, justicieros, ciudadanos. Aunque a estas alturas sigue siendo una utopía.
Ahora para los partidos políticos el gran dilema no es convencerse que esta derrota de la propuesta de mutilación de dos párrafos en la Constitución local, significa un gran éxito, como se ha pretendido y se ha cantado en ciertas concentraciones de seguidores políticos como el caso de Roberto Cruz y su grupo, que en realidad sólo están avalando pretensiones del actual presidente de la mesa directiva para llegar a un cargo legislativo Federal. Si no, alguien tiene que explicar y sustentar de modo distinto todos los actos que han distinguido a este legislador, sobre todo cuando en apariciones públicas nadie de los diputados que pertenecen a su partido lo han seguido.
Pues bien, dado este paso, la mayor preocupación de los partidos políticos de oposición es superar la condición que tienen ahora de aplastante mayoría por representación proporcional y convertirse en legisladores por voto directo. Esta es la mejor forma de crecer.
Curiosamente en la actualidad se observa que uno solo de los diputados de partidos distintos al PRI es elegido en un distrito; es mujer, se trata de Francisca Enríquez Ayón, de Acción Nacional, mientras, que a su lado todos, incluso los más conspicuos Roberto Cruz y Carlos Castaños de ese partido, son plurinominales.
De seguir así la composición de las fuerzas en el Congreso, considerando la estrategia de fuerza emergente del PAS, a pesar de tener sustento sólo en el reducto universitario, todos los demás partidos estarán viendo una resta apabullante de sus fuerzas y tendrán que ver cómo la mayoría de mano levantada en el Legislativo apruebe iniciativas a las que ellos se opondrán pero sólo desde las filas de sus partidos.
Así que la mejor fórmula para que los partidos alcancen a ser piezas de equilibrio, es entender y emprender el reto de mejorar sus propuestas sobre el diseño del Estado ante la sociedad, tener mejor discurso, convencer, enamorar al elector e impulsar verdaderos líderes, más coherentes, honestos y que sepan decir lo que quiere oír la gente.
Al observar de nuevo la naturaleza de esta propuesta de extinguir dos párrafos del artículo 37 para darle atribuciones directas a la Auditoría Superior en materia de calificación de las cuentas públicas, se encuentra uno que el argumento de inconstitucionalidad que podría emprenderse era tan visible y fácil de retomar que sólo esperaría que dicha reforma surtiera efecto para promoverla ante los tribunales de alzada.
Pero la presión política y la idea, para nada convincente, de que las discusiones sobre esta temática en manos de los diputados pudiera traer resultados efectivos, sabiendo cómo han tratado en la arena política estos temas durante toda la vida del Congreso, ahora la sociedad se queda sin la satisfacción de haber experimentado qué tanta efectividad puede tener una calificación por parte de un órgano eminentemente técnico (no político), sobre el desempeño financiero de los gobiernos del estado y de los municipios.
Es decir que no hubo espacio para el beneficio de la duda a la luz del tratamiento político que le dieron a esta polémica los propios partidos y los organismos de la sociedad incluyendo a los empresariales.
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