Sixto Román
El debate de las cuentas públicas de los dos últimos semestres de la administración Malovista se da de forma casi simultánea con el movimiento de tablero de ajedrez que está emprendiendo el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel para ajustar los cuadros del juego de acuerdo a las circunstancias del caso.
Consideramos que la acción de reducir el número de Diputados en relación proporcional a las formas de representación tanto por voto directo como por vía plurinominal, es un efecto directamente relacionado en política con toda esta estrategia. De esto estamos seguros porque a la vez de reducir la fuerza potencial de los partidos pequeños en el Congreso e incluso arrastrar a partidos como el PAN, que fue fiel de balanza en las décadas recientes, ahora nos encontramos con que las medidas propuestas para que el Congreso las vote tienen relación con las formas de trato que ha dado el Gobierno del PRI en manos de Quirino Ordaz con las fuerzas políticas que rodearon a Mario López Valdez y que fueron definitivamente muy obsequiosas con el priismo, y a la vez adversas y demoledoras contra las estructuras de los partidos que llevaron al empresario ferretero al poder.
Entonces vamos a entender la orientación que lleva el acuerdo tomado este 21 de julio para eliminar dos párrafos del artículo 37 de la Constitución local y con este acto los propios Diputados que votaron en favor están renunciando a una atribución política de significativo valor para orientar la cosa pública y que ha calificado como bueno o malo, legal o ilegal en el uso de los recursos públicos, a cualquier gobernante o funcionario antecesor de esta administración. Claro que ésta resolución votada por el legislativo definirá también lo que se viene para las próximas legislaturas y las próximas administraciones en el Gobierno Estatal.
Claro que el camino quedó debidamente tapizado en esta ocasión, porque el día anterior de llevar a consideración del pleno el dictamen mutilador, la comisión de fiscalización en reunión secreta votó por mayoría favorable las cuentas públicas de los dos últimos semestres de la administración de Malova.
Hay opinión de los analistas de que una calificación política no afecta el tratamiento jurídico que se pretenda contra funcionarios que dilapidaron o hicieron uso indebido del recurso público, y que bien pueden estos ser llamados por la fiscalía para que rindan cuentas. Nuestra opinión va en sentido contrario porque sabemos que en política y en la forma simulada de la autonomía de los órganos como en este caso la fiscalía, la sociedad Sinaloense está corriendo por el camino de la fantasía, si no, preguntémonos a quién se debe el actual fiscal general; evidentemente que a los diputados que votaron de forma unánime y de estos a la mayoría que domina el Congreso. Ahora preguntémonos si el Congreso es verdaderamente autónomo cómo poder el frente al Ejecutivo. La referencia puede ser arto repetida, una y otra vez, pero solo veámoslo con este enfoque.
Entonces es lógico que hay dependencia real del señor Fiscal. No en vano se consiguió dos períodos al frente de la CEDH; ahí construyó su torreón y debió tener la autorización de alguien para sacar de sus escritorios superburocratizados, a los que ahora son sus servidores más directos.
Por eso nuestra opinión es que las decisiones del fiscal general y de su equipo, que conoce de procedibilidad jurisdiccional lo mismo que el 80% de los mexicanos conocen el chino mandarín, necesariamente se tendrán que ajustar al criterio y la línea política que proviene de quién detenta el poder. Elementalmente la fiscalía no es un poder y no lo detenta, sino es un brazo instrumentador de una aparente procuración de justicia cuyos niveles de autonomía están en entredicho desde la propia raíz.
Y para tomar determinaciones en favor o en contra de determinada línea, recordemos la argumentación para negar darle curso a las 93 averiguaciones previas que interpuso el exfiscal Antonio Vega Gaxiola; Quesque había fallas técnicas en la elaboración de los expedientes. Si la opinión pública toma pie juntillas esta tonta e intragable argumentación es muy fácil pensar entonces como sinaloenses, que en el cielo todas las luces son planetas.
Por ello nuestra observación sobre lo que vendrá ocurriendo a lo largo de esta administración y aún por encima de la vida demasiado corta de esta legislatura que ya está cumpliendo la primera mitad. Claro que ha cumplido con creces el reto de pasar a la historia al ser mencionada porque en la sala de juntas ya tiene su respectiva placa con el nombre de cada uno de los diputados, buenos o malos, fieles o infieles, honestos y deshonestos, alineados o desalineados; el otro mérito cumplido para pasar a la historia como una inversión vergonzosa del deber público cumplido contra el interés de la sociedad, es el artículo 37 de la Constitución.
