El subsecretario de Responsabilidades y Normatividad, Rogelio Aviña, precisó que todavía se revisa a la anterior administración
Aun y cuando el Congreso del Estado aprobó las cuentas públicas de los dos semestres del 2016 de la administración estatal anterior, las investigaciones por irregularidades encontradas que lleva a cabo la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas siguen su curso, e incluso se abrieron nuevos expedientes, por los cuales serán llamados otros diez ex servidores públicos para que aclaren diversas anomalías, dio a conocer el subsecretario de Responsabilidades y Normatividad, Rogelio Aviña Martínez.
En conferencia de prensa, el funcionario de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas explicó que en un principio fueron notificados nueve ex funcionarios para que aclaren algunas irregularidades en el manejo de los recursos de sus dependencias, pero a raíz de nuevas revisiones, serán llamados otros diez ex servidores por los mismos motivos.
Aviña Martínez dio a conocer que en el primer procedimiento de responsabilidades que se inició, mismo que fue dado a conocer el pasado 10 de julio, fueron llamados tres ex servidores públicos de la Secretaría de Turismo, a raíz de una denuncia que formuló la Auditoría Superior del Estado ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.
Los hechos consisten en que durante el segundo semestre de 2016 la Secretaría de Turismo del Estado de Sinaloa tuvo gastos por 8 millones 651 mil 798 pesos por concepto de campañas vacacionales pagadas a distintas aerolíneas internacionales. Una vez que se agotaron las investigaciones complementarias se detectó que tres servidores públicos, presuntamente son responsables de solicitar, tramitar y pagar de forma indebida y fuera de todo procedimiento de contratación, la cantidad señalada en varias exhibiciones.
Asimismo, se advirtió que para sustentar los pagos únicamente se anexaron supuestas facturas y constancias de las transferencias electrónicas para el movimiento de los recursos. El procedimiento de responsabilidades fue iniciado de manera formal y ninguno de los involucrados durante las investigaciones pudo acreditar ni soportar de manera documental los motivos por los cuales se realizaron los pagos, ya que no hay evidencia que se realizaron dichas campañas ni en qué consistieron estas campañas.
El subsecretario informó que actualmente se han desahogado dos audiencias de ley sobre este caso, restando otra para el próximo 9 de agosto, y concluida la misma y desahogadas las pruebas, se dictará la resolución en el plazo de 45 días hábiles.
Por otra parte, en el segundo procedimiento de responsabilidades también fueron llamados tres servidores públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas, debido a diversas irregularidades que consistieron en alterar documentación oficial para beneficiarse de los recursos provenientes de las acciones de fiscalización concurrente que realiza el Gobierno del Estado en colaboración con la Federación.
Las investigaciones revelaron que estos ex servidores públicos presuntamente responsables se aprovecharon del derecho de Gobierno del Estado a percibir incentivos por las actividades de administración fiscal concurrente para solicitar al SAT la validación de diversos formatos que fueron alterados y que les agregaron cantidades diferentes a las obtenidas por concepto de multas, representando un daño a las finanzas del Estado por 14 millones 284 mil 276 pesos.
En el tercer procedimiento iniciado también fueron llamados tres servidores públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas, mismo que inició con motivo de la denuncia que formuló la Auditoría Superior del Estado ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, respecto de diversas irregularidades que consistieron en realizar diversas retenciones de aportaciones de trabajadores, las cuales no fueron enteradas dentro de los primeros diez días de cada mes como marca la ley, lo cual ocasionó que se tenga a la fecha en que se realizó esta intervención, un pasivo acumulado a junio de 2016 por 998 millones 332 mil 35 pesos.
Aviña Martínez explicó que la administración estatal anterior retuvo mensualmente el 10 por ciento del salario sujeto a cotización de los trabajadores, que debería ser enterado al Instituto de Pensiones, y adicionalmente debía aportar mensualmente una cantidad equivalente al 5.5 por ciento del salario mínimo vigente en el estado elevado al mes a la cuenta individual de cada trabajador.
Debido a lo anterior, el Instituto ha venido realizando, por su parte, gestiones ante la Secretaría de Administración y Finanzas para que se cumplan las obligaciones de realizar el entero retenido o depósito de las retenciones, sin embargo, no existe justificación por haber omitido enterar estas aportaciones a los trabajadores y que le correspondía hacer al propio Estado.
“Por lo anterior, el 8 de julio pasado la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, por conducto de nuestra Dirección de Responsabilidades iniciamos formalmente el procedimiento de responsabilidades en contra de los servidores públicos involucrados, los cuales ya han sido notificados de manera formal y han comparecido a la audiencia de ley”, informó.
