Redacción
Elementos de la Policía Preventiva del municipio de Elota están denunciando a la administración que encabeza Ángel Giovani Escobar Manjarrez de haber utilizado maniobras de legalidad falsas para deshacerse de ellos sólo por el hecho de que han interpuesto el trámite para su retiro anticipado.
La denuncia pública fue presentada por el coordinador de la Alianza de Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa, Julio Sergio Alvarado Andrade, acompañado por el grupo de elementos que han buscado la asesoría de esta agrupación y a la cabeza de eso está el comandante Rafael Quesada Guzmán.
Explicaron ambos que hay un número superior a los 50 elementos que han cumplido la mayoría del periodo de servicio en la seguridad pública y se consideran con derecho legal para hacer su retiro voluntario.
Hecho el trámite, se han encontrado que los funcionarios cercanos al alcalde Escobar Manjarrez los empezaron a bloquear; citaron a cada uno en privado y les ordenaron dejar sus armas de cargo y sus insignias, para que en la entrevista les mostraron un oficio en el que se argumenta que desaprobaron el examen de control y confianza y por lo tanto se tomó la decisión como administración municipal de separarlos del cargo.
Comentó el comandante Quesada Guzmán que al leer el oficio de la separación de sus funciones, se encuentra que tiene sustento en un articulado que no existe en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El documento cita los artículos 154, 157 y 158 de esa normativa y mencionan que tal es una cita apócrifa porque no existe en ninguna ley vigente.
Expresó que en base a esa serie de irregularidades detectadas en el procedimiento se considera que se cometieron una serie de delitos por la administración de Ángel Giovani Escobar Manjarrez, desde el abuso de autoridad, el denigrar constantemente la calidad humana de los agentes al negarles cualquier derecho por la sola razón de que son policías de acuerdo a la cita del comandante Quesada Guzmán.
Manifestó el abogado Julio Sergio Alvarado que en base a esto y en los documentos reunidos para darle cuerpo a cualquier tipo de procedimiento legal, acudirán a nombre de los primeros agentes que están siendo asesorados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y a la vez por la vía del amparo ante la justicia federal por la violación de los derechos fundamentales de las personas como servidores públicos.
Plantearon que en eso también se comete un abuso de parcialidad, porque la autoridad que debe disponer la separación por efecto del examen de control y confianza es la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, y no el municipio porque no tiene atribuciones.
Dieron a conocer también algunos de los agentes que al recibir el Ayuntamiento los recursos de Fortaseg y al darles los bonos de estímulo, se les condicionada a hacer las compras de sus materiales de consumo y de trabajo ante cierta casa comercial en la cabecera municipal de Elota, misma que aplica cargos extraordinarios al total de la venta que al final le resulta perjudicial, además de ser un flagrante tráfico de influencia.
