Sixto Román
El fenómeno de la inseguridad en la zona serrana del sur del Estado principalmente es considerado de difícil abatimiento y sólo es posible atenderlo con una mayor fuerza del Estado, con una mejor capacitación y presencia de las policías municipales además de dotación de armamento que al menos tenga la misma potencia del que usa la delincuencia en esa zona, según consideró el secretario de Seguridad Pública en el Estado, Genaro Robles Casillas.
El secretario militar compareció ante diputados de las distintas fracciones parlamentarias en el Congreso del Estado junto con Rosa Elena Millán Bueno, Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado. El máximo responsable de la política de la seguridad reveló nombre y características particulares de uno de los principales cabecillas que han tenido asolada a la región: un ex militar que responde al nombre de Israel Morales, con el apodo “El vago”, originario de la Calera; además señala al grupo delictivo “Los valvulinos” por ser originarios de la Válvula en la sindicatura de la Petaca, Concordia.
Manifestó que son grupos que se desplazan a lomo de caballo o a pie por la zona serrana, internándose en veredas y áreas de escasa accesibilidad para los vehículos militares y tienen mayor ventaja cuando se movilizan a caballo, según mencionó. Estos aparecen durante las noches a extorsionar y robar productos de las minas, incluso los propios metales refinados, para luego desaparecer utilizando la ventaja de la sorpresa y la capacidad de desplazamiento con los métodos descritos.
Declaró que a estos grupos se les tiene identificados, además que habido algunos enfrentamientos con bajas de parte de los propios delincuentes y a veces por parte de la milicia; además que se le seguirá combatiendo.
Por otra parte, mencionó que los trabajos de localización de las familias que han terminado desplazadas huyendo de la inseguridad y la amenaza de muerte que se cierne sobre ellos. Grupos de familias que en su mayoría se desempeñan en las labores de la minería de la compañía de Santa Rosa, Real De Pánuco y el Coco entre otras; esta última mina, según dijo, ya está sin funcionar debido a las condiciones de inseguridad.
También indicó que las comunidades de las que se han tenido que desarrollar muchas de estas familias; dos de estos pueblos ya se encuentran deshabitados totalmente y entre las poblaciones ubicó a Santa Lucía, La casilla; La Guainera, Potrerillos, Chirimoyos y La mesa del Carrizal, entre otros. Las últimas mediciones dan cuenta de que aproximadamente el 54% de los grupos y personas que huyeron de estas comunidades ya están de regreso, el resto se encuentran en Villa Unión, en la cabecera municipal de Concordia y en Mazatlán.
El militar hizo notar la responsabilidad que tienen las instituciones y entre estas el propio cuerpo Legislativo para diseñar esquemas que permitan un rescate de la base social y los valores en estas familias para evitar que se siga reproduciendo una cultura de la violencia.
Rosa Elena Millán Bueno habló de las mediciones que han realizado ellos mismos, junto con los sistemas DIF de los municipios donde se han concentrado los desplazados, junto con las presidencias municipales.
Se hizo reconocimiento a los esfuerzos que realiza el gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel y su equipo para brindar condiciones que mitiguen un poco la zozobra y el efecto psicológico del desplazamiento y el desarraigo. Se habló de la necesidad de gestionar ante la Autoridad Federal los recursos que permitan generar las condiciones de atención a estos grupos desplazados y lejos de sus bienes y sus propiedades.
Hubo algunas inquietudes descoordinadas y fuera de lugar de algunos diputados, como el extraño caso de Gerardo Martín Valencia, quien cuestionó que deben generarse medios de producción y de empleo para que las personas no delincan en esos lugares, a pesar de haberse explicado que la motivación dominante de los grupos delictivos es el apropiarse de bienes de alto valor de las compañías mineras a desarrollar actividades de narcotráfico que les son altamente redituables.
Otro caso que llamó la atención fue el de Sylvia Treviño Salinas quien cuestionó cualquier eventual política de dotación de vivienda para estos grupos de desplazados, bajo el argumento de que al proporcionarle a estos, las solicitudes de vivienda iban a generalizarse y de pronto irían a aparecer hasta jornaleros agrícolas provenientes de otras regiones del país solicitando vivienda.
La comparecencia tuvo una duración superior a las 2 horas y media y al término se destacó la disposición del presidente de la Comisión de Seguridad, Marcos Antonio Osuna Moreno, quién planteó la disposición del cuerpo legislativo para generar condiciones y acuerdos que permitan gestionar recursos de la federación para diversificarlos en programas específicos, pues de acuerdo a lo dicho por Víctor Antonio Corrales Burgueño, el mayor aumento de recurso presupuestal por parte del Gobierno Federal va destinado a los cuerpos de seguridad locales, a la Marina y el ejército y se reduce sustancialmente las partidas del recurso Federal para políticas de desarrollo tecnológico científico y desarrollo social.
