Sixto Román
Un numeroso grupo de pequeños propietarios de la zona de “Loma y Tecomate” al sur de la ciudad de Culiacán están pidiendo al Gobierno del Estado que brinde el apoyo y la garantía necesarios para recuperar las 500 hectáreas que les fueron despojadas desde 1985 por un núcleo ejidal que reclamaban ampliación de la dotación de tierras y que con ese pretexto los despojaron de sus superficies de cultivo.
El asunto está cobrando vigencia después de la inquietud manifiesta de los afectados por estas acciones consideradas delictivas.
La mayoría de ellos acudió a la Asociación de Propietarios Rurales del municipio de Culiacán para plantear la inquietud porque a pesar de una serie de sentencias favorables y un primer acto de restitución de sus tierras, de nuevo fueron despojados y ahora están en la incertidumbre de no poder trabajar sus cultivos porque una segunda generación de solicitantes de tierras sigue apoderado de ellas.
El conflicto fue explicado por Miguel Santana Cibrían y Tomás Meza Cruz. Previamente se había reunido una veintena de pequeños propietarios despojados del Valle de San Lorenzo, pues coinciden en que los solicitantes de tierras siguen apoderados por la vía de los hechos y que en un determinado momento utilizaron armas y amenazas directas para obligarlos a salirse de estas y mientras ellos dejaron de obtener beneficio con los cultivos desde 1985 los solicitantes están cultivando y cosechando y así obtienen el provecho que no les corresponde.
De acuerdo a los antecedentes, en 1983 se conformó este núcleo de solicitantes de superficie para terrenos ejidales que iniciaron la solicitud ante la Secretaría de la Reforma Agraria, pero tras una serie de trabajos técnicos por parte de la Comisión Agraria Mixta se integró un expediente que después fue sometido la resolución de los tribunales.
En los años 1996, 1998 y 2000 el Tribunal Superior Agrario emitió resoluciones desfavorables a los solicitantes de dotación complementaria al señalar que no existen fincas afectables en el perímetro del poblado “General Guadalupe Victoria” más conocido como El Atorón.
En el año 2003 hubo una última sentencia de inafectabilidad después que los solicitantes promovieron el reinicio del expediente. Con ello se consideró agotado cualquier procedimiento por la vía agraria.
El caso es que a pesar de ser afectados con estas resoluciones, los solicitantes se apoderaron de las tierras de las familias Madrid, Meza Gutiérrez, Gómez Llantada y otras más en esa zona.
En el año 2004 el Tribunal Superior Agrario resolvió que ya era improcedente cualquier esfuerzo por la vía agraria y quedó firme la inafectabilidad de los predios, pero estos siguieron en manos de los solicitantes de tierras por la vía de los hechos.
Estos buscaron todas las rutas posibles de inconformidad, incluso argumentaron ante un tribunal un recurso de amparo por la indebida acción de desalojo por parte de la Procuraduría General de Justicia que ahora es Fiscalía general, y eso permitió que fueran restituidos los terrenos que estaban en calidad de despojo.
Por su parte los pequeños propietarios promovieron acciones penales y civiles contra los posesionarios y en ese proceso el núcleo de solicitantes se dividió en núcleo “General Guadalupe Victoria” y otro denominado “Victoria del tecomate”.
En ese mismo proceso durante el año 1992 pudo restituirse los terrenos en manos de las familias demandantes pero el núcleo ejidal generó una confusión al aparecer con dos nombres distintos y los miembros del núcleo “General Guadalupe Victoria” promovieron amparos ante los juzgados de distrito señalando haber ganado el proceso sobre las 500 hectáreas y acusaban al gobernador, al procurador y a la policía judicial estatal de ese tiempo de haberlos despojado de la superficie, lo que fue solo un reclamo declarativo sin poder sustentarlo documentalmente y esta situación no procedió pues ellos realmente habían perdido cada uno de los procesos.
Durante este mismo proceso se ejecutó orden de aprehensión contra José Fermín Cháidez Lizárraga y Juventino Rojo Flores, quienes se encuentran privados de la libertad, pero de acuerdo a los pequeños propietarios rurales esto parece no haber desalentado la acción del despojo pues detrás de ellos resultaron nuevos líderes.
En la reunión con el presidente de la asociación civil Propietarios Rurales, Eduardo Gutiérrez Velázquez, se analizó esta serie de antecedentes y la necesidad manifiesta de los afectados para recuperar sus tierras por la vía de la restitución, que debe hacer la propia autoridad, para poder continuar sus cultivos pues para muchos es considerado el único recurso para vivir.
Ellos reclaman que a pesar de que los procesos judiciales concluyen en sentencias contra el interés de los solicitantes apoderados de estas 500 hectáreas, no hay autoridad que ejecute la sentencia de restitución.
