Sixto Roman
El ex secretario de administración y finanzas en el gobierno de Mario López Valdez y el ex secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, junto con 4 funcionarios menores, fueron objeto de sanciones administrativas por diversas irregularidades observadas en la revisión de sus ejercicios, lo que hizo la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de esta administración.
Armando Villarreal Ibarra, titular de la administración financiera, fue inhabilitado por 7 años para ejercer tareas de servicio público en cualquier otra administración en el Estado, mientras José Luis Sevilla Suárez es presunto responsable por el renglón administrativo y se le decretó inhabilitación de 3 años para el ejercicio público.
Villarreal es considerado eventual responsable de la retención de cuotas de trabajadores durante determinado tiempo que acumularon mil 175 millones de pesos y por este mismo motivo fue inhabilitado por 5 años. Quien fuera el subsecretario de egresos, Andrés Daniel Guzmán Cota también fue sancionado con inhabilitación por 6 años por una irregularidad encontrada en los saldos iniciales de las cuentas bancarias de gobierno del Estado cuando reportó mil 88 millones en dichas cuentas pero al constatar este Gobierno solo encontró 421 millones como depositados.
Por ese faltante de 667 millones se aplica la sanción de inhabilitar a Guzmán Cota por es 6 años pero de acuerdo el subsecretario de responsabilidades y normatividad, Rogelio Arturo Aviña esta sanción se deberá cumplir en forma paralela porque de acuerdo a la ley no se acumula; esto es que la sanción dentro de la relatividad que contiene apenas se cumplirá durante 6 años.
La información fue aportada por la secretaría de esta área Guadalupe Yan Rubio y el subsecretario de responsabilidades y normatividad, quienes detallaron la serie de inconsistencias observadas entre las que destaca fuertemente la retención y omisiones en las aportaciones correspondientes del recurso del sueldo de los trabajadores en gobierno del Estado, por lo cual el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa dejó de ingresar 1175 millones de pesos.
Esto se convierte en una afectación directa al patrimonio y los intereses económicos de los trabajadores en la Entidad, sin embargo se dio a conocer que no hay datos para ubicar esa cantidad a pregunta expresa, el funcionario aclaró que esta sanción a Armando Villarreal Ibarra no lo exenta de ser procesado por otra via, por ejemplo, si por parte de los interesados por parte del Instituto de Pensiones Estatal y se trata de buscar fincarle proceso penal.
Por su parte José Luis Sevilla es acusado de haber suscrito convenios que rebasado en el 25% del plazo de ejecución y monto original del contrato; esto fue relacionado con la construcción del cruce ferroviario del Boulevard Enrique Tamayo en Culiacán y la construcción de la unidad administrativa de servicios municipales de Navolato que nunca se concluyó.
La secretaría de transparencia señala que este mismo funcionario también suscribió contrato para construir el Centro de Justicia penal de Sinaloa en la zona centro a pesar de no contar con la autorización que permitiera a gobierno del Estado generar una obligación financiera por 78.8 millones de pesos.
También se le señala de omitir la información de que no contaba con la propiedad de los terrenos donde estaría el cruce ferroviario y por ese motivo un subordinado de nombre Carlos Ramón López Castro que desempeñó como ex director de contratos es ahora sancionado con 90 días de suspensión.
Otro más es Dionisio Sánchez Félix, ex director de control administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, quien fue suspendido temporalmente por 6 meses acusado de omitir al jefe superior Sevilla Suárez que la dependencia carecía de los recursos suficientes para hacer la obra del Centro de Justicia penal región centro, motivo por el que quedó un adeudo de seta y 87.8 millones de pesos al contratista.
También sancionado es Ernesto Herrera Félix, ex director de tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzas; se le señala responsabilidades por no vigilar adecuadamente las operaciones administrativas y financieras y de haber omitido la verificación y empate de los saldos resultantes. A éste se le impuso inhabilitación por 3 años para el ejercicio del servicio público.
El ultimo acusado es Andrés Daniel Guzmán Cota subsecretario de egresos se le acusa por no llevar el adecuado procedimiento de ejecución y revisión para sostener la veracidad de la contabilidad gubernamental y eso fue lo que generó la diferencia entre el monto depositado en banco y lo que realmente estaba ahí lo que marcó diferencia por más de 660 millones de pesos. La sanción en ese caso fue de inhabilitar lo por 6 años.
