ANTE CONTINGENCIA NO DEBE HABER DIFERENCIAS POLÍTICAS

Redacción / ¡Aquí…Política con Tambora!

La noche del día 19 de septiembre ya se anunciaba cualquier fenómeno mayor. En estricto, la fecha era para Protección Civil como una celebración, porque en 1985 cuando el sismo en la Ciudad de México se dio el nacimiento del concepto. Se creó Protección Civil pero se esperaba que sirviera para prevenir desastres, no para ayudar a atender a las víctimas de lo ocurrido.

Pero en fin, era día de fiesta y sobrevino la intensa lluvia que asomó suave pero persistente desde la noche anterior para azotar con furia sorpresiva toda la mañana siguiente del día 20. Lo único que amortiguó fue que el meteoro no se acompañara de tormentas eléctricas ni ventarrones. Sin embargo, ahí quedaron después los estragos. No fueron solo para Culiacán; fue para casi todo el territorio de Sinaloa centro y norte alcanzando a Sonora.

Las redes sociales difundieron escenas alarmantes que siguen quedando como testimonio. Ya después, al poder salir a la zona rural y que el gobernador y su equipo estuvieron en Los Mochis, la sociedad en todo el país die cuenta de la magnitud, aunque sólo también como muestra; y lo sigue siendo ahora, porque por su dispersión, las poblaciones y rancherías en la zona rural han sido difíciles de alcanzar desde entonces.

El primer desplazamiento del gobernador Quirino Ordaz Coppel fue de alguna manera la vuelta a la esperanza de las familias que atestiguaron esto; el primer anuncio de que solicitaría la declaración de estado de emergencia, fue otro paso y hasta después los legisladores federales ya con la marca de otro partido político hablaron que era necesario una nueva declaración del gobernante estatal para pedir al FONDEN la declaratoria de Desastre Natural; esto era necesario para tener acceso a los recursos.

El contacto directo se convierte en el escenario inevitable para que se muestren los sentimientos, y en varias ocasiones se pudieron apreciar el estado de angustia de los padres de familia, cuyos hijos no fueron a la escuela; los padres en su mayoría pierden el trabajo, cuando por lo común es en el campo y las madres ven bloqueadas las pocas posibilidades que antes tenían de acercar  alimentos para los suyos.

En esta ocasión lo repentino del fenómeno impidió cualquier oportunidad para poner a salvo algo de valor y cualquier comestible que se haya salvado, por la suerte de estar lejos del nivel que alcanzaron las aguas, se convierte en un tesoro.

De modo entonces, que para los gobiernos de los Estados de Sonora y Sinaloa la atención de los efectos del inesperado fenómeno meteorológico aún está en sus primeros momentos, pues hizo víctimas a quienes viven de la precaria economía de sus  granjas de traspatio, a quienes sobreviven del empleo sensible  a veces muy temporal, de la producción agrícola o de las empresas que también fueron asoladas, por lo que producen los pequeños hatos y rebaños que fueron arrasados por las inundaciones y en los campos pesqueros la base de la economía que se facilita por unos meses para que las familias sobrevivan todo el año, también tuvo sus impactos.

Las cuentas y los reclamos empezaron a acercársele al gobernador Quirino Ordaz, quien mostró gestos de sensibilidad cuando abandonó la comodidad de su despacho en Palacio de Gobierno para apersonarse a las zonas donde los niveles del agua le llegaron hasta las rodillas y tuvo los primeros contactos directos, en vivo y sin intermediarios, con las familias que ya estaban a la deriva cerca de sus casas anegadas.

Días después ya se hizo acompañar por los secretarios de Salud, de la Defensa Nacional, del director de Infonavit y el director Nacional de Protección Civil. Cada uno hizo las correspondientes evaluaciones, pero Penchyna, el funcionario político, mostró las correspondientes limitaciones para que los derechohabientes puedan recuperar a través de un pago de seguro, lo que se destruyó e inutilizó bajo el agua.

Esto, en las ciudades mayormente concentradas, y en segmentos específicos de la población. En otros habría de ser la acción directa del Ejecutivo estatal con los recursos aprobados por el Legislativo Federal  y liberados por la Secretaría de Gobernación. Lo mismo en las comunidades, ejidos y rancherías, cuyas familias están en la etapa más desesperada al haber perdido hasta sus animales y huertos de traspatio, con que se proveen de algunos alimentos.

De tal suerte que la tarea de los tres niveles de gobierno, desde los municipios, el Gobierno del Estado y de la Federación, aún en el período de  transición, se  convierte en el más fuerte reto; si alguien declaró que es la tarea a cumplir por encima de las diferencias políticas, porque es la sociedad y sus necesidades lo que reclaman acciones efectivas, vengan de donde vengan,  aunque esto suene a retórica, hay que decirlo: son los gobiernos los que deben obedecer.

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