Por Samuel Sarmiento
En Sinaloa, la producción de hortalizas es sinónimo de identidad productiva, orgullo, arraigo, empleos y derrama económica.
Tan sólo el año pasado se sembraron casi 73,000 hectáreas de hortalizas, principalmente de tomate, chile, papa, pepino y calabaza.
Pero hoy esta vertiente económica y generadora de empleos está en riesgo latente.
El pasado 6 de febrero del 2019 se dio por terminado el Acuerdo de suspensión de la investigación de dumping que inició hace 53 años.
Dicho Acuerdo comercial se revisaba cada 5 años bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y ahí los productores nacionales se comprometían a no vender por debajo de un precio de referencia.
Pero de no llegar a un nuevo Acuerdo a más tardar el próximo 7 de mayo se reactivará la investigación de dumping contra el tomate mexicano y se establecerá un arancel permanente del 17.5% al tomate de exportación.
A nivel nacional, esta situación pondrían en riesgo la exportación de tomate por 2,261 millones de dólares, los empleos para 400 mil jornaleros agrícolas provenientes de los estados más pobres del país y sacaría del mercado a la mayoría de los exportadores.
Esta situación se replicaría en Sinaloa, un estado que exporta el 40% del tomate del país.
Por lo anterior, es urgente que el Gobierno Mexicano intervenga y sea un mediador entre las partes para alcanzar un acuerdo lo antes posible.
En este sentido, el 12 de febrero el Senado de la República emitió un Punto de Acuerdo donde exhorta al Departamento de Comercio de EUA, mantener el Acuerdo de suspensión de la investigación de dumping.
Esperemos que la Secretaría de Relaciones Exteriores haga lo propio, así como la Secretaría de Economía, y la de Agricultura y Desarrollo Rural.
