- Entes públicos tienen que apegarse a la legalidad vigente al contratar servicios publicitarios.
Xicoténcatl Barajas
Con la llegada de las tecnologías en informática y la aparición de las plataformas digitales que pueden ser usadas sólo como accesorios, complementos o herramientas alternas por los medios de comunicación y los periodistas, pasó a segundo término la normatividad vigente que exige la Secretaría de Gobernación para que un medio de comunicación opere de manera legal en el país, como así lo es para los formalizados: radio, televisión e impresos.
La legislación vigente es clara y las dependencias encargadas de hacer respetar y valer la ley en la materia son: la Subsecretaría de Normatividad de Medios, así como la Dirección General de Medios Impresos a través de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la SEGOB.
En el caso de las concesiones a televisoras y radiodifusoras, estas son reguladas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en coordinación con la Secretaría de Gobernación.
Sin embargo, y aunque los sitios web y redes sociales viralicen la información y tengan impacto por su alcance, no están dentro del marco legal vigente como medios de comunicación y ningún Senador de la República, Diputado Federal u organización de periodistas se han preocupado por pugnar en la adecuación de la legislación acorde a los tiempos y exigencias actuales de una sociedad que cada vez está más y mejor informada, por lo que mientras eso no suceda los portales y plataformas digitales seguirán siendo accesorios, complementos o herramientas, más porque los servidores que hospedan sus dominios son extranjeros.
El tema es complejo y un tabú para quienes quieren participar en el reparto de la escasa publicidad oficial que proveen los gobiernos de nivel federal, estatal y municipal, así como el Senado de la República, Congreso de la Unión y congresos locales, entes que manejan recursos públicos y que en algunos casos destinan de manera inequitativa con criterios discrecionales los presupuestos en la materia sin tomar en cuenta las reglamentaciones.
Hasta ahorita en las jefaturas de prensa de algunas dependencias públicas se omiten las reglas establecidas por la Ley, como es la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo expedida por el Instituto Nacional de Derecho de Autor de la Secretaría de Cultura, asimismo, el Certificado de Licitud de Título que otorga la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación, además, dejan de lado los estudios de circulación, cobertura geográfica y perfil del lector que son requisitos indispensables para inscribir un medio de comunicación en el Padrón Nacional de Medios de la Secretaría de Gobernación.
La competencia desleal para los medios formales bien reglamentados es la proliferación de sitios web o portales que están fuera de control y de la normatividad por no existir una legislación que los contemple como medios de comunicación y, peor aún, que la gran mayoría no son de vocación periodística y a sus contenidos no se les da seguimiento por parte de la SEGOB.
Muchos fueron creados al calor de algún proyecto político o simple y sencillamente para obtener presupuesto público de las dependencias que, en ocasiones algunos jefes de prensa que son neófitos o que están en contubernio se hacen de la vista gorda, y tramitan facturas infladas más de lo que pudiera facturar un medio bien instituido que genera empleos y que paga impuestos.
Y ahora con el tema de la austeridad del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador el impacto al rubro de la comunicación es fuerte y, al mismo tiempo en el Congreso de la Unión se “cocina” la Ley de Publicidad Oficial que se prevé ponga candados y una serie de limitaciones como medidas de control.
Lo cierto es, que lo que se ha dicho sobre ella es que considera reducir el gasto a magnates de medios de comunicación masiva que se repartían el “pastel” oficial y redistribuirlo de manera equitativa, dándole prioridad a los que cumplan con la normatividad actual, ya que, el nacimiento exagerado de portales y plataformas digitales que, si bien algunos son verdaderos esfuerzos periodísticos y tienen el derecho de competir en el mercado laboral, quedan al margen de la ley, por lo que se tiene que legislar.
Por lo pronto, aquí en Sinaloa los primeros indicios de querer entrarle al tema de la regulación y exigir la compra de publicidad en medios formalizados fue la diputada Karla Montero Alatorre, sin embargo, lo hizo a medias porque la Dirección de Vinculación Social del Congreso del Estado a cargo de Daniel Ramírez León, no respeta las leyes vigentes en el país y contradice la política de Andrés Manuel López Obrador, quien recalca que “al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie”, pero al parecer en la fábrica de leyes de Sinaloa sucede lo contrario.
