Redacción
El Partido Acción Nacional sigue cayendo en picada y sus intentos por levantarse son tan inútiles como sus desmemoriados líderes.
¿Será por eso la decepción evidente en su militancia?
Ser albiazul ya no es orgullo a raíz de oportunistas y bandidos que se han valido de sus posiciones para engordar sus bolsillos y escalar peldaños en el poder.
Lamentablemente el PAN no aprende de sus errores y para muestra basta un botón.
Usted recordará el escándalo que se desató en 2016, tras darse a conocer qué Lucero Sánchez, hoy acusada de narcotráfico, tenía una relación cercana con Joaquín “El Chapo Guzmán”. Ella fue militante del albiazul y diputada del Congreso de Sinaloa, arropada también por el Partido Sinaloense.
Posiblemente se pregunte: ¿Quién convirtió en legisladora a una mujer con vínculos y actividades ilícitas? ¿Qué clase de partido o grupo tuvo la osadía?… ¿Por qué?
La respuesta es sencilla: otro grupo de traficantes pero de influencias.
Edgardo Burgos Marentes, exdirigente en Sinaloa lo sabía todo y lo paso por alto, también sus allegados Adolfo Rojo y el hoy diputado Víctor Villalobos quien era comisionado del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido.
Fue precisamente en la gestión Burgos Marentes en 2013 cuando se aprobó la candidatura de Sánchez López por la alianza del PAN con los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Sinaloense (PAS), en el municipio de Cosalá.
Resulta contradictorio que a pesar de haber causado la debacle del PAN, Burgos Marentes sea considerado para la designación de candidatos en 2019. Con ello el albiazul continúa matando el ánimo de su militancia y dándoles oxígeno a estos oportunistas que le han sacado jugo a sus posiciones.
El informe sobre el caso presentado en 2016 por Döring Casar, hoy diputado federal, recomendó disolver el CDE en Sinaloa y expulsar del PAN a Guadalupe Carrizoza Cháidez, jefe de la bancada parlamentaria, que al final logró evadir la sanción mediante un amparo.
Döring Casar pidió sanciones para Burgos Marentes y su grupo político, es decir: Adolfo “El Popo” Rojo Montoya, Jorge Villalobos y el ya mencionado Carrizoza Cháidez, exdiputado estatal que al estallar el escándalo en 2016 aseguró que Döring no probó que hubiera avalado la hoja de registro de Lucero Sánchez, porque carecía de firma autógrafa y no estaba acompañada de un escrito de su puño y letra.
Usted se preguntará: ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde quedan las sanciones?
Estas sanguijuelas de la política gozan de libertad, de impunidad y sobretodo siguen aplicando el tráfico de influencias a fin de mantenerse vigentes.
¿Será por eso que nadie quiere ser panista en la actualidad?