- Contratan publicidad en medios de comunicación irregulares que están fuera de la legalidad vigente fomentando así la informalidad y corrupción
Xicoténcatl Barajas
Los presidentes municipales de algunos municipios de Sinaloa emanados de morena protestaron respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según los artículos 128 y 133 de supremacía constitucional, sin embargo, en la práctica resulta ser todo lo contrario, ya que, en casos como en Mazatlán, Ahome y Navolato, los munícipes por conducto de sus directores de Comunicación Social se pasan por el “arco del triunfo” la legislación vigente que faculta a la Secretaría de Gobernación la normatividad de los medios de comunicación en el país al contratar servicios publicitarios en plataformas que están fuera del marco legal con onerosas sumas de dinero, lo que resulta ser un robo en despoblado.
Si bien es cierto, que con la llegada de las tecnologías en informática y la aparición de las plataformas digitales que pueden ser usadas sólo como accesorios, complementos o herramientas alternas por los medios de comunicación y los periodistas, pasó a segundo término la normatividad vigente que exige la Secretaría de Gobernación para que un medio de comunicación opere de manera legal en el país, como así lo es para los formalizados: radio, televisión e impresos.
La legislación vigente es clara y las dependencias encargadas de hacer respetar y valer la ley en la materia son: la Subsecretaría de Normatividad de Medios de la cual se desprenden la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC); así como la Dirección General de Medios Impresos a través de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la SEGOB.
En el caso de las concesiones a televisoras y radiodifusoras, estas también son reguladas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la ley de telecomunicaciones deja por fuera cualquier versión digital que pueda ser usada con fines de lucro.
Sin embargo, y aunque los sitios web y redes sociales viralicen la información y tengan impacto por su alcance, no están dentro del marco legal vigente como medios de comunicación y ningún Senador de la República, Diputado Federal u organización de periodistas se han preocupado por pugnar en la adecuación de la legislación acorde a los tiempos y exigencias actuales de una sociedad que cada vez está más y mejor informada, por lo que mientras eso no suceda los portales y plataformas digitales seguirán siendo accesorios, complementos o herramientas alternas, más porque los servidores que hospedan sus dominios son extranjeros, por lo que no deben facturar.
El tema de los medios de comunicación y la normatividad es complejo y un tabú para quienes quieren participar en el reparto de la escasa publicidad oficial que proveen los gobiernos de nivel federal, estatal y municipal, así como el Senado de la República, Congreso de la Unión y congresos locales, entes que manejan recursos públicos y que en algunos casos destinan de manera inequitativa con criterios discrecionales los presupuestos en la materia sin tomar en cuenta las reglamentaciones como está sucediendo en Mazatlán, Ahome y Navolato, municipios que pagan hasta por programas de fan page en Facebook groseras sumas de más de 100 mil pesos mensuales, según listas que salieron a la luz pública en las que solo un mínimo porcentaje de los medios contratados cumplen con los requisitos.
Hasta ahorita en las Direcciones de Comunicación Social o jefaturas de prensa de algunas dependencias públicas se omiten las reglas establecidas por la Ley, como es la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo expedida por el Instituto Nacional de Derecho de Autor de la Secretaría de Cultura, asimismo, el Certificado de Licitud de Título que otorga la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación, dejando también de lado los estudios de circulación, cobertura geográfica y perfil del lector que son obligatorios para inscribir un medio de comunicación en el Padrón Nacional de Medios de la Secretaría de Gobernación.
La competencia desleal para los medios formales bien reglamentados es la dantesca proliferación de sitios web o portales que están fuera de control y de la normatividad por no existir una legislación que los contemple para empadronarlos y regularlos como medios de comunicación y, peor aún, que la gran mayoría no son de vocación periodística y a sus contenidos no se les da seguimiento por parte de la SEGOB como así lo hace con la radio, televisión, cine e impresos para que no se publiquen contenidos no aptos que contravengan en beneficio de la sociedad.
Muchas de esas plataformas digitales fueron creadas al calor de algún proyecto político o, simple y sencillamente para obtener presupuesto público de las dependencias que, en ocasiones algunos Directores de Comunicación Social o jefes de prensa que son neófitos o que están en contubernio se hacen de la vista gorda y tramitan facturas infladas más de lo que pudiera facturar un medio bien instituido que cumple con la normatividad de la SEGOB y que además genera empleos y paga impuestos.
Las direcciones de Comunicación Social representadas por Jorge Contreras en Mazatlán; por David Membrila en Ahome y por Jaime Soto en Navolato no están siendo congruentes con el programa de austeridad y de combate a la corrupción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró también que la publicidad oficial sería distribuida con equidad y transparencia con estricto apego a la legalidad, pero pareciera que el fomento a la informalidad es propiciado por ellos mismos con el afán de mermar el trabajo de los medios de comunicación reglamentados que están a la espera de que la Secretaría de Gobernación haga valer las reglamentaciones y que la Ley de Publicidad Oficial ponga candados y una serie de limitaciones más estrictas como medidas de control al despilfarro que hasta hoy se tiene en los entes públicos.
Dicha Ley, según ha trascendido considera reducir el gasto a magnates de medios de comunicación masiva que se repartían el “pastel” oficial y redistribuirlo de manera equitativa, dándole prioridad a los que cumplan con la normatividad actual, ya que, el nacimiento exagerado de portales y plataformas digitales que, si bien algunos son verdaderos esfuerzos periodísticos y tienen el derecho de competir en el mercado laboral, quedan al margen de la ley, por lo que se tiene que legislar.
Aquí en Sinaloa los primeros indicios de querer entrarle al tema de la regulación y exigir la compra de publicidad en medios formalizados fue la diputada Karla Montero Alatorre, sin embargo, lo hizo a medias porque la Dirección de Vinculación Social del Congreso del Estado a cargo de Daniel Ramírez León, no respeta las leyes vigentes en el país y también contradice la política de Andrés Manuel López Obrador, quien recalca que “al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie”, pero al parecer en la fábrica de leyes de Sinaloa sucede lo contrario, como lo mismo pasa en Mazatlán con el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres; en Ahome con Billy Chapman y en Navolato con Eliazar Gutiérrez Angulo.
