Con el apoyo de un importante número de gobernadores indígenas de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa y Angostura, las y los diputados del priistas presentaron la iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Misma que tiene como objetivo buscar mejorar el nivel de bienestar social, educación, salud, respeto al medio ambiente, participación política y crecimiento económico de las etnias, con pleno respeto a sus usos , costumbres y tradiciones.
Al presentar la propuesta ante la Oficialía de Partes, el diputado Sergio Jacobo Gutiérrez hizo un llamado a todas las demás fuerzas políticas para buscar juntos rescatar a este sector de la población de un “atraso milenario” en que han estado sumidos durante años, sin que las políticas públicas tengan un impacto real ante estos grupos con los cuales se tienen una “deuda histórica”.
“La situación que prevalece en las comunidades indígenas de Sinaloa, al igual que en todo el país, es de un atraso histórico, de falta de oportunidades, de empleo, de servicios básicos. Hay una carencia de alternativas adecuadas en la atención a la salud y servicios educativos. Estamos hablando de un rezago milenario, y que desafortunadamente con el paso de los años no ha podido abatirse, como todos los quisiéramos”, señaló en conferencia de prensa.
Acompañado por el presidente del Consejo de Gobernadores Tradicionales, Librado Bacasegua, y representantes de varias etnias, el coordinador del grupo parlamentario del PRI precisó que esta iniciativa es resultado de una amplia consulta, de un diálogo abierto y directo con todos los sectores indígenas de Sinaloa.
“Esta propuesta que estamos presentando no es fruto de una ocurrencia de un diputado, ni de un grupo parlamentario, sino que esta iniciativa se construyó de la mano con las comunidades indígenas, con sus representantes, que son los gobernadores tradicionales. Por eso, recoge las demandas más sentidas de ellos y esto le da una fortaleza. Ha llegado la hora de hacer justicia a las comunidades indígenas de Sinaloa, que son el orgullo de todos nosotros porque allí está la identidad de lo que es Sinaloa”, manifestó.
Posteriormente, en su intervención ante el Pleno, la diputada del PRI Ana Cecilia Moreno Romero precisó que un punto importante de esta iniciativa es la creación de la Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas, con sede en la ciudad de El Fuerte, Sinaloa, la cual sería un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa.
“Esta Comisión será la autoridad del Poder Ejecutivo Estatal en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas, y tendrá como objeto diseñar, ejecutar, coordinar, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas, programas y proyectos para promover el desarrollo integral de los pueblos indígenas, así como el fortalecimiento de sus culturas e identidades”, dijo.
Para el cumplimiento de las atribuciones de la Comisión, indicó que se fortalecerá el Consejo Estatal de Gobernadores Indígenas, el cual será un órgano colegiado de participación para ciudadanos indígenas.
Otro tema que se aborda con esta Iniciativa, es el referido a los centros ceremoniales, lugares y capillas de las comunidades de nuestros pueblos originarios, dado que se asume compromiso legal de impulsar la regularización de la tenencia de la tierra para estos espacios sagrados de los pueblos indígenas, y se garantiza la vigilancia y seguridad por parte de las autoridades, con el fin de evitar daños irreversibles a sus estructuras y a los elementos representativos de esos lugares.
Esta Iniciativa de Reforma, coadyuvará con aquellas acciones que garanticen, en todos los niveles, el acceso a la educación plurilingüe e intercultural, basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural.
En el tema de fomento económico se propone reformar la Ley vigente, para precisar que la Secretaría de Economía busque, en coordinación con las Secretarías de Educación Pública y Cultura, y de Desarrollo Social, establecer talleres-mercado para los grupos indígenas que comprendan las áreas de producción, organización, administración y comercialización.
