Diputados del Congreso del Estado aprobaron por mayoria una iniciativa más propuesta por la diputada del Partido Sinaloense, Angélica Díaz de Cuén y el secretario general de este organismo, Víctor Antonio Corrales Burgueño, en la que se establece adicionar en el Código Penal para el Estado de Sinaloa un capítulo sobre Delitos Ambientales.
La diputada Angélica señaló que en el Partido Sinaloense se considera que la falta de una cultura conservacionista en las personas de México y de Sinaloa, junto a la complicidad de algunos gobiernos en no castigar los delitos oportunamente, terminan siendo los factores principales que conspiran a diario en la problemática del medio ambiente.
“Es indudable que uno de los reclamos más importantes por la sociedad, en materia de preservación y protección al medio ambiente, es el referido a la necesidad de contar con herramientas jurídicas e institucionales para salvaguardar el derecho de las personas sinaloenses a contar con un entorno adecuado, a mejorar la calidad de vida en todos sus ámbitos, fundamentalmente en la relación con el ambiente y los recursos naturales que les rodean”.
El dictamen que emitieron las Comisiones y que aprobó el Pleno del Congreso por unanimidad, establece entre otras conductas que deben ser sancionadas la de aquellas personas que sin contar con las autorizaciones respectivas o violando las normas de seguridad de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, realice, autorice u ordene la realización de actividades que conforme a ese mismo ordenamiento se consideren como riesgosas, ocasionen daños a las personas, la flora, la fauna o los ecosistemas, se aplicará pena de seis meses a seis años de prisión y multa por el equivalente de doscientos a diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y cuando las actividades consideradas como riesgosas a que se refiere el párrafo anterior, se lleven a cabo en un centro de población, las penas se aumentarán hasta en una tercera parte más.
Asimismo, se establece que al que sin contar con la autorización de la autoridad competente o contraviniendo los términos en que esta haya sido concedida, fabrique, elabore, transporte, distribuya, comercie, almacene, posea, use, reúse, recicle, recolecte, trate, deseche, descargue, disponga o en general, realice actos con materiales o residuos de baja peligrosidad y residuos de manejo especial que ocasionen o puedan ocasionar daños graves a la salud pública, a los ecosistemas o sus elementos, se impondrá pena de seis meses a seis años de prisión y multa por el equivalente de doscientas a diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Con la aprobación de esta propuesta del Partido Sinaloense, cumple con el compromiso de que sea una prioridad mitigar los efectos del cambio climático y reducir la perdida de esa biodiversidad, así como la conservación de los ecosistemas y la protección del medio ambiente, el cual forma parte de los Derechos Humanos de los sinaloenses.
