«Con artimañas, chicanadas y acciones que atenta contra la ley, la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado vicia de origen y de manera irresponsable la revisión de las cuentas públicas correspondientes al 2018 y abre el camino para futuras impugnaciones por parte de los entes fiscalizados”, recriminó el diputado Sergio Jacobo Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI.
El legislador priísta, recordó que los dictámenes de las cuentas públicas del 2017 fueron vetados por las violaciones a la legalidad en las que incurrió la Comisión de Fiscalización y el pleno del Congreso, y existe todavía una controversia constitucional no resuelta.
“Pero la Comisión de Fiscalización no aprendió la lección y está repitiendo las mismas violaciones a la ley, asumiendo facultades que no le corresponden y cambiando el sentido de las determinaciones técnicas de la Auditoría Superior del Estado”, dijo Sergio Jacobo.
El coordinador de los diputados del PRI, destacó que en la revisión de las cuentas públicas del 2018 la Comisión de Fiscalización está incurriendo en un nuevo y grave error, al sustituir la denominación del dictamen, que el año pasado fue Decreto y ahora es presentado como Acuerdo.
Para Jacobo Gutiérrez lo anterior “representa una clara violación a la constitución y las leyes, ya que el dictamen que genera la Comisión de Fiscalización debe ser un Decreto, ya que es un resolutivo que implica derechos y obligaciones para personas físicas y morales, por lo que necesariamente debe publicarse en el periódico oficial del Estado”.
El líder de los diputados priístas subrayó que la Comisión de Fiscalización se está extralimitando en sus atribuciones, ya que ninguna ley le otorga facultades para definir la calidad de la dictaminación, ni para cambiar su denominación.
Sergio Jacobo comentó que existe una diferencia clara e importante entre lo que es un Decreto y un Acuerdo, ya que este último no requiere para su validez la sanción, promulgación y publicación en el periódico oficial.
“Y esta es la verdadera razón del cambio de Decreto a Acuerdo, por que se quiere evitar la posibilidad de que estos dictámenes sean observados o vetados, cuando estos son instrumentos legales y legítimos en un sistema de división de poderes”, afirmó el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, quien agregó que “con esta grave irregularidad la Comisión de Fiscalización violenta la legalidad, vicia de origen la revisión de las cuentas públicas y deja abierto el camino para futuras impugnaciones de los entes fiscalizados”.
