El diputado Sergio Jacobo Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, solicitó formalmente la destitución del legislador de Morena Marco Antonio Zazueta como Presidente de la Comisión de Fiscalización.
En un escrito dirigido a la Junta de Coordinación Política, Sergio Jacobo expresó que hay una responsabilidad del Presidente de la Comisión de Fiscalización, por el incumplimiento en la conclusión de la cuenta pública del año 2017.
En el referido escrito, se propone a la Junta de Coordinación Política someta al pleno la propuesta de cambio del Presidente de la Comisión de Fiscalización, por las irregularidades en que ha incurrido en el proceso de dictaminación de los informes de las cuentas públicas de los años 2017 y 2018.
Entre las irregularidades que se citan destaca que bajo la presidencia el diputado Marco Antonio Zazueta la Comisión de Fiscalización violenta la reiteradamente la ley, asume facultades que no le competen, cambia la determinación técnica de la ASE, modifica los dictámenes y los presenta como acuerdos y no decretos.
A juicio del coordinador de los diputados del PRI, dijo que todo esto pone en riesgo que las cuentas públicas del 2018 pueden ser también impugnadas, poniendo en entredicho la capacidad técnica y jurídica de la actual legislatura.
El diputado afirmó que “estamos proponiendo la destitución de Marco Antonio Zazueta como Presidente de la Comisión de Fiscalización, por incompetente, por su pésimo desempeño en la conducción de los trabajos de la Comisión y por sus reiteradas violaciones a la legalidad”.
“Ya basta. Haya que poner un alto al abuso y al atropello de la legalidad en el Congreso del Estado”, manifestó Jacobo Gutiérrez.
“El desempeño del diputado Marco Zazueta ha sido muy lamentable; son reiteradas sus violaciones a la legalidad, y eso está comprometiendo, no solamente a él como diputado y a la comisión, sino que está dejando muy mal parado al Congreso del Estado de Sinaloa”.
También destacó que «lo que hay detrás de todas estas reiteradas violaciones a la legalidad es una intencionalidad política. Generar escándalo y proyectar la idea de que todo está mal en los poderes, gobiernos e instituciones públicas de Sinaloa’.”, puntualizó.
