Derivado de la presentación del proyecto de decreto que establece realizar acciones entre la SEMARNAT, SADER, Secretaría de Economía, Secretaría de Salud y el CONACYT, donde se señala la programación de estudios técnicos que determinen la seguridad del uso del Glifosato y cuyos trabajos se realizarían de manera gradual en un lapso de cuatro años, es que surgió la diferencia entre funcionarios de las dos primeras dependencias y del jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo.
La incertidumbre en el sector agrícola por la diferencia entre estos funcionarios se aumenta, toda vez que la postura de Victor Suarez Carrera, Sub Secretario de Alimentación y Competitividad de la SADER, señaló que la agricultura industrial debe ser desmontada.
El Presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, Gustavo Rojo Plascencia, señaló que el acuerdo en reunión entre las secretarías en mención, el Consejo Nacional Agropecuario y CAADES, fue establecer un mecanismo de investigación y estudios técnicos donde se determine si el herbicida realmente provoca un daño a la salud humana, ecosistema y microorganismos y en caso de confirmarse desarrollar alternativas para su posible sustitución.
Sin embargo el desconocimiento del documento por parte del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Victor Manuel Toledo Manzur, puso en entredicho los acuerdos para trabajar de manera gradual en los próximos cuatro años.
“Para nosotros como productores sería un duro golpe, ya que se reduciría la producción de alimentos de una manera significativa, además en una economía abierta y habiendo refrendado el T-MEC y teniendo vigentes otros 13 tratados internacionales, estaríamos fuera de la jugada ya que no podríamos competir por la baja productividad”, señaló Rojo Plascencia.
Explicó que la FAO recomienda producir al menos 75 por ciento de los alimentos que se consumen, México sólo produce el 59 por ciento, por lo que una de las consecuencias sería depender más de las importaciones.
