El Dr. Joel Retamoza López, presidente de la Alianza Ambientalista Sinaloense, acompañado por el diputado Apolinar García Carrera y el Lic. Gabriel Yáñez Pérez, responsables de Asuntos Legislativos y de Comunicación y Relaciones Públicas respectivamente, expresaron algunas consideraciones sobre los cambios normativos que se requieren en Sinaloa para afrontar de la mejor manera los problemas ambientales que padecemos.
Joel Retamoza señaló que ante los problemas de salud pública que enfrentamos por el Covid-19, hoy más que nunca requerimos de un marco normativo adecuado que nos permita aplicar acciones concretas para atender las diversas vertientes en que se presentan las alteraciones y daños a nuestro ecosistema.
En ese sentido, lamentó que desde el mes de noviembre del 2018, la Alianza que encabeza presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reponer los derechos humanos ambientales que fueron eliminados de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable en la pasada legislatura, en cuanto a la participación ciudadana dentro de la operatividad del Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable, así como en el funcionamiento del Fondo Ambiental y el Centro de Estudios, mismo que ya se incluyen de hecho en la citada Ley.
Del mismo modo, Retamoza López enfatizó que para hacer valer los preceptos normativos que regulan y sancionan las actividades que causan un impacto ambiental, es indispensable que nuestro estado cuente con una Procuraduría Ambiental. Por esa razón, hizo una vez más el exhorto a la presente Legislatura para que tome cartas en el asunto y le dé trámite a la propuesta que presentaron en junio pasado, donde se establece lo que sería la Ley Orgánica de dicha procuraduría, la cual deberá estar dotada de un autonomía tal que le permita ejercer a plenitud e imparcialmente sus atribuciones y potestades.
A su vez, el diputado Apolinar García Carrera dijo que de nada sirve establecer más sanciones como se hizo apenas el pasado 2 de julio, cuando el pleno del Congreso aprobó reformas a la Ley Ambiental y al Código Penal. Este tipo de acciones no tienen ninguna consecuencia, ya que no existen los mecanismos previos para su supervisión y ejecución, “es como si hiciéramos las cosas al revés. Aquí va a pasar lo mismo de las prohibiciones a los plásticos, en donde no vimos una planeación adecuada, sobre todo considerando los cambios de hábitos en nuestra forma de vida a los que nos ha obligado la pandemia».
El legislador fue enfático que como diputados existe la obligación de expedir leyes viables y que se lleven a la práctica, es decir, no hacerlo únicamente para la numeralia personal. Lo que se requiere dijo, es abordar temáticas de vanguardia como la Ley de Cambio Climático, algo que ya estamos viendo para incentivar el uso de energías renovables.
Por su parte, el Lic. Gabriel Yáñez mencionó que el tema ambiental exige acciones concretas, integrales y de aplicación horizontal. Para lograrlo, se requiere entender que toda Ley es perfectible y evolutiva. Por esta razón en la Alianza Ambientalista le apostamos al diálogo con los diferentes actores y a la conciliación de los diferentes puntos de vista, entendiendo que esta será la única forma de contar con leyes consensuadas que puedan ser aplicables y con políticas públicas que resulten redituables.
“Nuestro propósito como organismo colegiado de carácter civil, es impulsar iniciativas que vayan al fondo de los problemas ambientales que padecemos local y regionalmente”.
Gabriel Yáñez resaltó que es de suma importancia retomar con la federación el proceso de descentralización ambiental, ya que, dijo “mientras no se gestionen y delimiten adecuadamente las atribuciones y potestades de acuerdo a su viabilidad y pertinencia, difícilmente daremos tiros de precisión para atender los problemas ecológicos que más nos afectan”.
