- A través de la Facultad de Filosofía y Letras, la máxima casa de estudios aporta profesionales del periodismo a la sociedad
Xicoténcatl Barajas
Aun y cuando los tiempos actuales y las políticas públicas gubernamentales en materia de medios de comunicación son adversas y están complicando y erosionando el desempeño del periodismo al “golpear” las fuentes de empleo y su ejercicio pleno al ser una profesión mal comprendida y hasta cierta forma ninguneada y estigmatizada, la Universidad Autónoma de Sinaloa forma periodistas de calidad aportándole con ello recursos humanos a la sociedad para que esté bien informada, más orientada y pueda tener mejores conocimientos en pro de su desarrollo y progreso.
Es la Facultad de Filosofía y Letras de la máxima casa de estudios en Culiacán la que imparte la licenciatura en periodismo, de la cual han egresado 6 generaciones, tres semi escolarizadas y tres escolarizadas.
Las primeras, fueron de 1996 al 2000, otra del 2001 al 2005 y una más del 2006-2010, de las que egresaron periodistas que laboraban en los distintos medios de comunicación de manera empírica y que recibieron de la UAS la formación y el reconocimiento académico.
Las tres generaciones posteriores escolarizadas y presenciales dieron inicio: 2014-2018, 2015-2019 y 2016-2020, culminando los alumnos con una formación académica completa al recibir los conocimientos de maestros con amplia trayectoria en el quehacer periodístico y otros catedráticos con carrera docente que enriquecieron la enseñanza con materias de humanidades y propias de las letras.
Ante esto, es de reconocer el gran esfuerzo del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor, Juan Eulogio Guerra Liera y de la doctora Guillermina Verdugo Zavala, directora de la FFyL en la consolidación de la licenciatura en periodismo, que antes se consideró como un oficio y que hoy la UAS cuenta con una escuela de alto nivel académico para ofrecerle a los ciudadanos, profesionales que puedan procesar y traducir información que sirva como una herramienta efectiva y poderosa en la toma de decisiones, privilegiando la ética y veracidad de los contenidos.
Actualmente, el periodista que por tiempo fue visto como el punto de equilibrio entre el gobierno y la sociedad o, como un portavoz del pueblo, está siendo atacado por las mismas autoridades, lo que representa un atentado en contra de la libertad de expresión y de los ciudadanos de México.
Pero también, con la llegada de las tecnologías en informática y la aparición de las plataformas digitales que debiesen ser usadas sólo como accesorios, complementos o herramientas alternas por los medios de comunicación y los periodistas, pasó a segundo término la normatividad vigente que exige la Secretaría de Gobernación para que un medio de comunicación opere de manera legal en el país, como así lo es para los formalizados: Radio, televisión e impresos.
Un sinfín de sitios web y redes sociales están siendo manejados por personas que nada tienen que ver con el periodismo, llámense facebookeros, YouTuberos e influencers y, desde luego, no están dentro del marco legal vigente como medios de comunicación y ningún Senador de la República, Diputado Federal u asociación de periodistas se han preocupado por pugnar en la adecuación de la legislación acorde a los tiempos y exigencias de una sociedad que cada vez está más y mejor informada, por lo que, mientras eso no suceda no son legales como medios de comunicación, más porque los servidores que hospedan sus dominios son extranjeros.
La legislación vigente es clara y las dependencias encargadas de hacer respetar y valer la ley en la materia son: la Subsecretaría de Normatividad de Medios, así como la Dirección General de Medios Impresos a través de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la SEGOB.
En el caso de las concesiones a televisoras y radiodifusoras, estas son reguladas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en coordinación con la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación.
El tema es complejo y un tabú para los periodistas y para sus fuentes de empleo que quieren participar en el reparto de la escasa publicidad oficial que proveen los gobiernos de nivel federal, estatal y municipal, así como el Senado de la República, Congreso de la Unión y congresos locales, entes que manejan recursos públicos y que en algunos casos destinan de manera inequitativa con criterios discrecionales los presupuestos en la materia sin tomar en cuenta las reglamentaciones, debilitando la economía de la industria de la comunicación y cerrándole el paso a los profesionales del periodismo que no encuentran empresas solventes para desempeñarse después de haber estudiado con entrega y pasión.
Hasta ahorita, en las jefaturas de prensa de algunas dependencias públicas se omiten las reglas establecidas por la Ley, como es la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo expedida por el Instituto Nacional de Derecho de Autor de la Secretaría de Cultura, asimismo, el Certificado de Licitud de Título que otorga la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación, además, dejan de lado los estudios de circulación, cobertura geográfica y perfil del lector que son requisitos indispensables para inscribir un medio de comunicación en el Padrón Nacional de Medios de la Secretaría de Gobernación.
La competencia desleal para los medios bien reglamentados y los periodistas profesionales es creciente, así como la proliferación de sitios web o portales que están fuera de control y de la normatividad por no existir una legislación que los contemple como medios de comunicación y, peor aún, que la gran mayoría no son de vocación periodística y a sus contenidos no se les da seguimiento por parte de la SEGOB, ya que, muchos fueron creados al calor de algún proyecto político o simple y sencillamente para obtener presupuesto público de las dependencias que, en ocasiones, algunos jefes de prensa que son neófitos o que están en contubernio se hacen de la vista gorda y tramitan facturas infladas más de lo que pudiera facturar un medio bien instituido que genera empleos entre el gremio periodístico y que además de pagar impuestos cumple con la legalidad.
