- El Congreso del Estado quiere legalizar lo ilegal: Juárez
Redacción
En México las leyes al parecer están hechas para violarse o, simple y sencillamente son letra muerta, ya que, la problemática que padecen los taxistas y periodistas del país son casos similares.
A los permisionarios y concesionarios del transporte público de alquiler que cumplen con todas las reglamentaciones emanadas de la ley de movilidad, las plataformas digitales que ofrecen la transportación de personas y mercancía diversas están resultando un negocio redondo y por ende una competencia desleal en detrimento de cientos de familia al violar las reglamentaciones.
Este tipo de empresas transnacionales evaden el marco legal en la nación y dejan sin empleo a miles de operadores y transportistas bien reglamentados.
Lo mismo sucede con los periodistas y sus empresas periodísticas que necesitan cumplir con ciertos requisitos indispensables para poder circular de manera legal en el país, primero contar con la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del INDAUTOR, así como con el Certificado de Licitud de Título y Contenido que expide la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaria de Gobernación, misma que empadrona a los medios de comunicación legalmente constituidos.
Los periodistas bien regulados además de generar fuentes de empleo, pagan impuestos a El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y, las fuentes de empleo hoy en día se están viendo vulnerables y debilitadas por la competencia desleal de los influencers y youtubers que además son empoderados por los gobiernos que compran sus contenidos de Ripley de manera ilegal, afectando la solvencia de las empresas periodísticas que no pueden ya contratar a profesionales egresados de las escuelas de Ciencias de la Comunicación y de Periodismo.
Recientemente en la capital de Sinaloa, taxistas de todo el Estado se manifestaron en las afueras del Congreso del Estado por las pretensiones y favoritismo de la diputada Karla Montero Alatorre al pretender poner a discusión una iniciativa de ley que vendrá a pegarles la estocada al sector del transporte público.
Esto, así lo expresó el presidente del Frente Estatal de Transportistas Francisco Javier Juárez Hernández quien añadió que “las organizaciones del sector social de todo el Estado de Sinaloa han presentado sendas de iniciativas de leyes y a las cuales no se les ha dado lectura, a pesar de que creemos que la ley que presenta la diputada Montero fue hecha en las oficinas trasnacionales que lo único que pretende es fomentar la ilegalidad”.
Recordó que el pasado 13 de junio del año 2019 el mismo grupo de transportistas tomó las instalaciones del Congreso del Estado y fueron recibidos por la presidenta de la JUCOPO, Graciela Domínguez Nava quien les aseguró que no se dictaminaría ninguna ley referente al tema sin antes realizar foros de consulta, los cuales no se han llevado a cabo.
Además, el representante de transportistas expuso que mientras que ellos pagan revisiones mecánicas, refrendo de placas, gafetes, cursos y los antidoping, los que utilizan las otras plataformas para “dar el servicio” solo tramitan su licencia para conducir.
“A los ilegales de los ubers los quieren legalizar y lo mismo pasa con los periodistas, los del Congreso del Estado contratan pseudoperiodistas y pseudoportales que no están registrados en ningún portal”, afirmó Juárez Hernández.
