- Presentó el PAS una iniciativa para sancionar hasta con 3 años de prisión a servidores públicos que no respeten el turno para aplicarse la vacuna del COVID-19.
Ante el alto registro de incidentes que han generado descontento social, porque funcionarios públicos de muchas partes del país, se aplicaron la vacuna del Covid-19 sin respetar el sistema de fases segmentando establecido por la Secretaría de Salud, en el cual pone en primer lugar al personal sanitario de primera línea, la diputada Angélica Díaz y el secretario General del Partido Sinaloense, Víctor Antonio Corrales Burgueño, presentaron una iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Sinaloa, y de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, para sancionar estas conductas con prisión de 6 meses a 3 años, así como la suspensión, destitución o inhabilitación del cargo o empleo.
“En el PAS consideramos que debe ser respetado el esquema de vacunación establecido por las autoridades correspondientes; por lo que estimamos que estos casos donde funcionarios públicos se saltan la fila deben evitarse; debemos ser conscientes que estas acciones deben sancionarse”, expuso la Diputada.
Añadió que con esta iniciativa del PAS, se logrará a acabar con los abusos, ya que, el no respetar el orden de vacunación debe ser un asunto de todos, para poder frenar y detener el influyentísimo y los malos hábitos, pues es del conocimiento de todos, que resulta anti ético e inmoral brincarse los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias.
“No hay que olvidar que desde que la vacuna del coronavirus llegó a México, las autoridades del país anunciaron que ésta se aplicaría primero al personal de salud que atiende en primera línea la pandemia. De ahí en adelante las dosis se administrarían de los grupos de mayor a menor riesgo, sin embargo hemos observado como muchos servidores públicos, valiéndose de su autoridad no han respetado lo establecido por las autoridades de Salud, por ello esta iniciativa tiene como principal objetivo sancionar a eso funcionarios que ordenen o permitan aplicar o se apliquen a sí mismos la vacuna contra el Covid-19 a sabiendas de que existe un derecho preferente de sectores de personas”.
La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos señaló que el Estado juega un papel fundamental en la garantía del derecho a la protección de la salud. El derecho a la protección de la salud se encuentra contenido en diversos instrumentos del más alto nivel (en el artículo 4º de nuestra Constitución y en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Es por ello que, en términos generales, las autoridades tienen un cúmulo de obligaciones al respecto.
