- Entes públicos tienen que apegarse a lineamientos de la SEGOB al contratar servicios publicitarios
Xicoténcatl Barajas
Con la llegada de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y la aparición de las diversas plataformas digitales que pueden ser usadas como accesorios, complementos o herramientas alternas por los periodistas, pasó a segundo término la normatividad vigente que exige la Secretaría de Gobernación para que un medio de comunicación opere de manera legal en el país, como así lo es para los confiables y formalizados: radio, televisión e impresos.
La legislación de México es clara y las dependencias encargadas de hacer respetar y valer la ley en la materia son: la Subsecretaría de Normatividad de Medios, así como la Dirección General de Medios Impresos a través de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la SEGOB.
En el caso de las concesiones a televisoras y radiodifusoras, estas son reguladas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en coordinación con la Secretaría de Gobernación mediante la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía.
Sin embargo, y aunque los sitios web y redes sociales “viralicen” la información y tengan alcance, no están dentro del marco legal porque no son considerados medios de comunicación regulados por la SEGOB y, ningún Senador de la República, Diputado Federal u organización de periodistas se han preocupado por buscar la modificación o adecuación de las leyes acordes a los tiempos y exigencias actuales de una sociedad que está más informada y hasta confundida, por lo que mientras eso no suceda, los portales y plataformas digitales seguirán siendo accesorios, complementos o herramientas, más porque los servidores que hospedan sus dominios son extranjeros y es más difícil que sean regulados.
El tema es complejo y un tabú para quienes quieren participar en el reparto de la escasa publicidad oficial que proveen los gobiernos de nivel federal, estatal y municipal, así como el Senado de la República, Congreso de la Unión y congresos locales, entes que manejan recursos públicos y que en algunos casos destinan de manera inequitativa con criterios discrecionales los presupuestos en la materia sin tomar en cuenta las reglamentaciones y admiten facturas hasta por publicaciones en Facebook.
En las jefaturas de prensa de algunas dependencias públicas se omiten los requisitos y reglas establecidas por la Ley, como es la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo expedida por el Instituto Nacional de Derecho de Autor de la Secretaría de Cultura, asimismo, el Certificado de Licitud de Título y Contenido que otorga la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación, además, dejan de lado los estudios de circulación, cobertura geográfica y perfil del lector que son requisitos indispensables para inscribir un medio de comunicación en el Padrón Nacional de Medios de la SEGOB.
(https://pnmi.segob.gob.mx/reporte/resultado)
La competencia desleal para los medios confiables y formales que están bien reglamentados es la proliferación de sitios web o portales que están fuera de control y de la normatividad por no existir una legislación que los contemple como medios de comunicación y, peor aún, que la gran mayoría no son de vocación periodística y a sus contenidos no se les da seguimiento por parte de la SEGOB y hay muchos que contribuyen al flujo de desinformación y apologías de diversos delitos sin control alguno.
Muchos de esos sitios web que para la SEGOB son clandestinos, fueron creados al calor de algún proyecto político, sirviendo como “orejas” o simple y sencillamente para obtener presupuesto público de las dependencias que, en ocasiones algunos directores de comunicación social o de prensa están en contubernio y se hacen de la vista gorda para tramitar facturas infladas más de lo que pudiera facturar un medio confiable y formal constituido legalmente que genera empleos y que paga impuestos como IVA e ISR.
La austeridad del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha impactado fuerte a la industria de la comunicación y al periodismo porque en el Congreso de la Unión se “cocinó” la Ley de Publicidad Oficial que puso candados y una serie de limitaciones como medidas de control, sin embargo, la ley general no la acatan los estados y municipios que dilapidan dinero del pueblo en imagen de sus gobernantes en medios informales y plataformas digitales.
Lo cierto es, que esa ley redujo el gasto a magnates de conglomerados de medios de comunicación que se repartían el “pastel” de la publicidad oficial, pero no la redistribuyó de manera equitativa a los medios que son verdaderos esfuerzos periodísticos, a los que cumplen con la normatividad, ya que, se alentó desde las esferas gubernamentales el nacimiento exagerado de portales que tienen el derecho de competir en el mercado laboral, pero que quedan al margen de la ley, por lo que se tiene que regular en la materia.
Por lo pronto, aquí en Sinaloa nadie toca el tema de la normatividad de medios y de la asignación de pautas publicitarias legalmente porque los políticos “temen” a los portaleros o, simple y sencillamente porque son patrocinadores de ataques encubiertos, pues la mayoría de esos soportes carecen de directorio y organigrama que identifique a quienes están detrás de un teclado, muchas veces convulsionando y desinformando a la sociedad sin tener consecuencias legales, pero más grave fue, que en la pasada administración estatal, la Coordinación General de Comunicación Social no respetó las leyes vigentes en el país y compró espacios publicitarios de manera irregular, como también lo hizo la Dirección de Vinculación Social del Congreso del Estado y la mayoría de los ayuntamientos, contradiciendo la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recalca que “al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie”.
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