Comunicado
“Estamos en un proceso donde concebimos a los periodistas y derechos humanos no como entes aislados, sino como parte medular de la sociedad, y esa es la trascendencia de avanzar en este proceso legislativo”, expresó el diputado Feliciano Castro Meléndrez.
El presidente de la Junta de Coordinación Política expresó lo anterior al dar la bienvenida a aspirantes a Director General del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que comparecieron ante integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Derechos Humanos.
De entrada felicitó a ambas comisiones por el trabajo realizado hasta el momento en este proceso de elección de director y de consejeros de dicho Instituto, ya que el criterio que han utilizado como guía de trabajo es el apego irrestricto a la legalidad.
“La legalidad es justamente la norma que da cauce al derecho”, subrayó.
En alusión a defensores de derechos humanos y periodistas, aseguró que la democracia y el bienestar social son un proceso en construcción tanto en Sinaloa como en México, que reclama la presencia del periodismo, de la contribución del periodismo, de la generación de opinión pública objetiva comprometida con la verdad y el desarrollo del pueblo.
Vale concluir, añadió, que la verdad se hermana con la transparencia, y que la democracia debe ser una narrativa que dé cuenta de la verdad.
“El ejercicio democrático corre por la verdad legal y la verdad de los acontecimientos. No hay democracia sin periodismo objetivo, comprometido con la verdad y la cultura de la legalidad”, añadió.
Sobre este último punto, de la legalidad, Feliciano Castro resaltó la decisión de las comisiones unidades de apegarse a derecho, en alusión a que se decidió que uno de los aspirantes a la dirección del Instituto no pasaría a la etapa de comparecencias por no cumplir con uno de los requisitos establecidos en la ley.
Con esta decisión, afirmó, se revindica y se pone en el centro la cultura de la legalidad.
De no haberse atendido el principio de legalidad, consagrado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa –advirtió–, se hubiese caído en un acto inconstitucional y además discrecional, que viciaría la designación al vulnerar el derecho humano a la igualdad, dejando en desventaja a la y demás aspirantes, al dejar de observar el contenido estricto de la norma.
Puntualizó que en el Congreso de Sinaloa no se excluye a nadie, y subrayó que la palabra excluir significa quitar a alguien, implica un acto de fuerza, de violencia. “Por el excluir, en la connotación política, es un ejercicio autoritario. Y en el Congreso no excluimos a nadie porque le apostamos justamente a poner por delante los derechos soportados en la legalidad”.
