- Su gobierno fomenta la ilegalidad en asentamiento irregular en la Covacha de El Tule y viola el proceso judicial del expediente 15/2015
Xicoténcatl Barajas
Con el expediente 15/2015 se sigue el proceso penal por el delito de Despojo Agravado Doloso en contra de Cesario Bretado Mancinas y de Esteban Reyes Flores, el primero, bajo fianza al haberle sido ejecutada una orden de aprehensión y, el segundo se encuentra sustraído de la justicia sin que hasta la fecha haya sido detenido gozando de plena impunidad y del apoyo del gobierno municipal de Escuinapa.
Ambos instigadores de la invasión en la Covacha, El Tule, quienes han pretendido hacerla pasar como una comunidad indígena cuando es una pequeña propiedad que tiene asignada la clave catastral: R01523 registrada en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Sinaloa y al corriente del impuesto predial rústico 2023, extrañamente siguen teniendo el respaldo de la alcaldesa Blanca Estela García Sánchez y su Policía Municipal.
La munícipe conoce a la perfección el conflicto legal que se viene arrastrando desde que ella fungió como regidora y no es omisa de la situación legal al haber formado parte del siniestro y mal recordado Ayuntamiento del exalcalde Bonifacio Bustamante Hernández, quien junto con el vetusto político priísta Heriberto Galindo Quiñones, Germán Escobar Manjarrez, “Paquis” Corrales y Fernanda Oceguera Burques fueron comparsas de los invasores.
La diligencia que está radicada en el juzgado mixto de Escuinapa con el expediente 15/2015 se encuentra en cierre de instrucción y a la espera de que se dicte sentencia por el delito de Despojo Agravado Doloso, así como el ordenamiento del desalojo por ser una propiedad privada que fue invadida por los indiciados señalados en el juicio y a quienes la autoridad municipal protege fomentando la ilegalidad de manera descarada y flagrante.
En el bien inmueble La Covacha enclavado en el predio El Tule de la falda de la sierra escuinapense donde se ubica el asentamiento humano irregular, el gobierno municipal no se abstiene de llevar todo tipo de apoyos sociales cuando se lo solicitan los acusados en la causa penal, aun y cuando existe una notificación judicial en contra del Ayuntamiento de Escuinapa con el expediente 554/2019 del 22 de agosto del mismo año vía jurisdicción voluntaria en la que se le ordenó que se abstuviera de ejecutar actos en contra del patrimonio del legítimo dueño, Xicoténcatl Ramón Barajas Escalante al ofrecer apoyos en numerario y especie.
Sin embargo, Blanca Estela García Sánchez desacata la orden judicial y se ríe a carcajadas enviando todo tipo de regalías a quienes de manera ilegal se asentaron en el bien inmueble que es propiedad privada y que está fuera de todo régimen comunal o ejidal, tal y como lo hace constar el Registro Agrario Nacional.
Y más grave resulta, que utilice a los elementos de la Policía Municipal para que pisen terreno ajeno y transiten por los caminos agrestes en patrullas oficiales para llevar una serie de apoyos a familias asentadas en el bien inmueble que tiene dueño y en donde se ocultan los indiciados que están cometiendo delitos, como el Despojo Agravado Doloso y la violación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, entre otros.
García Sánchez transgrede la ley y hace a un lado a las instituciones que imparten justicia en Sinaloa, pues tal y como lo publicó en redes sociales la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, se constata su coparticipación en un acto ilegal que está en manos de tribunales configurado como delito de Despojo Agravado Doloso del que ella se ha hecho copartícipe.
El terreno rústico lo adquirí como donación de mis padres, pues ha sido desde 1886 de nuestra familia y es una superficie de 412-60-10.500 hectáreas registradas con la clave catastral R01523 y en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Sinaloa en la municipalidad de Escuinapa con el número 141 Libro 94 Sección 1, estando al corriente de todas las contribuciones del Impuesto Predial Rústico hasta este nuevo año 2023 como se acredita de manera fehaciente, así como la cuota de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), de la Pequeña Propiedad y otra aportación para el municipio de Escuinapa por concepto de Apoyo Social y Deporte.
Además, en el Registro Agrario Nacional dicha propiedad aparece fuera de todo régimen ejidal y comunal, como consta en el oficio SDT/DC/583/2015.
Es propicio hacer del dominio público y para conocimiento de la señora presidenta municipal y de todas las autoridades, que a los cabecillas de la invasión también se les denunció ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por la tala inmoderada de productos maderables por la elaboración de carbón y siembra de cuamiles de forma ilegal, decretando la dependencia bajo el expediente PFPA/31.7/12.28.2/0019/15 una sanción económica, así como diversas medidas correctivas en su contra.
Como referencia, cabe citar que el mes de agosto del 2002, la Comisión Federal de Electricidad pagó la servidumbre de paso por la instalación de torres de energía eléctrica en el predio que hoy está convertido en refugio de delincuentes, sin poder como propietario disfrutarlo y conservarlo, ya que, se tiene conocimiento que por la zona pululan grupos armados, de lo que la autoridad municipal tiene pleno conocimiento y no actúa.
En cierta ocasión, un diario local dio a conocer la detención de un supuesto violador en la céntrica plazuela “Ramón Corona” y que dijo vivir en el asentamiento irregular que hoy Blanca Estela favorece a sabiendas de que existe un proceso legal en curso radicado en el Juzgado de Primera Instancia de esa jurisdicción por el delito de Despojo Agravado Doloso.
Entonces, ¿qué pretende la alcaldesa de Escuinapa al violar las leyes; a quién o quiénes protege?
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