Comunicado
Los artículos de la Ley de Educación Superior para el Estado de Sinaloa que impugnó la Universidad Autónoma de Sinaloa son inaplicables ya que, dicho por un juez federal y ratificado por un tribunal colegiado, violaban la autonomía universitaria al ser inconstitucionales y hoy el Congreso del Estado pretende hacer creer que quieren dar la voz a los universitarios cuando con esa ley había cercenado derechos fundamentales como la libertad de cátedra, el autogobierno y libre administración del patrimonio, entre otros.
Así lo informó el doctor José Ramón Bonilla Rojas, asesor jurídico de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien en entrevista para Punto Universitario detalló que la desesperación de los diputados locales por hacer “modificaciones” a la Ley Orgánica de la UAS, incluso ya con un informe en mano, es porque quieren pasar a la historia como una de las legislaturas más mediocres que ha habido en la historia de la entidad.
Indicó que el haber trabajado dicha reforma será un tema que, como el resto del actuar de los legisladores locales, terminará en manos de un juez federal, por lo que es lamentable que sigan insistiendo con lo mismo porque el caso seguramente entrará en el procedimiento de cumplimiento de la sentencia de amparo y un juez declare nulo lo que están haciendo, porque están realizando actos legislativos ignorando una ley que prevé el procedimiento para modificar leyes orgánicas.
“El asunto del acuerdo que hicieron ayer se va a un juzgado federal, nosotros no vamos a discutir, no nos gusta porque es muy complicado estar hablando con gente que no sabe o que es perversa, que para efectos prácticos es lo mismo, pues solo provocan contaminar procesos”, comentó.
Bonilla Rojas indicó que los diputados locales deben de asumir las derrotas legales con dignidad, puesto que han perdido todos los litigios con la Universidad Autónoma de Sinaloa y son violadores de la autonomía universitaria dicho por un juez, por lo que no tienen calidad moral ni estatura para exigir democracia, pues precisamente la salvaguarda de la autonomía por parte de la comunidad rosalina también significa la defensa del régimen democrático interno.
Indicó que las iniciativas que se incluyeron para la reforma a la Ley Orgánica y los procedimientos que se han llevado a cabo, en términos de Derecho son nulos, porque el procedimiento legislativo ya había sido declarado previamente inconstitucional, por lo que no pueden avanzar y ni siquiera darles trámite a esas supuestas iniciativas de ley.
Por ello, la propia Universidad solicitará al juez que se le dé vista a la Fiscalía General de la República y se abran carpetas de investigación contra los legisladores y su personal jurídico por negarse a acatar una disposición judicial.
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