- SEGOB y SHCP tienen en la mira a Jefes de prensa que violan la Ley General de Comunicación Social
Xicoténcatl Barajas
Carecen de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Instituto Nacional del Derecho de Autor de la Secretaría de Cultura; de Certificado de Licitud de Título y Contenido expedido por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación, área dependiente de la Unidad de Normatividad de Medios de Comunicación de la misma SEGOB y, por si fuera poco, no cuentan con registro ante el Padrón Nacional de Medios de Comunicación también de la SEGOB, sin embargo, así opera la mafia de medios factureros y jefes de prensa que violan flagrantemente la ley sin ser sancionados y que están desfondando gobiernos municipales en Sinaloa.
De acuerdo a lo estipulado por la Ley General de Comunicación Social, son requisitos indispensables que tienen que acatar los tres órdenes de gobierno, así como los organismos autónomos, institutos electorales, universidades, congresos locales, senado de la república, congreso de la unión, partidos políticos y demás entes públicos que manejen dinero del pueblo para poder dispersar pautas de publicidad oficial y contratar espacios en medios de comunicación legalmente constituidos.
Y eso no sucede en varios gobiernos municipales, la contratación se sigue dando sin respetar las leyes en materia de comunicación social, por amiguismos, compadrazgos e intereses políticos fuera del marco legal para beneficiar a medios de comunicación factureros o panfletos digitales que, más que informar, desinforman y generan confusión social.
Aun y cuando se autoproclamen virales por las redes sociales que solo deben usarse como herramientas o complementos, más no como armas para atracar al erario público municipal como se está dando en la mayoría de los ayuntamientos de Sinaloa, donde hay jefes de prensa que, a criterios discrecionales y sin el más mínimo respeto a la Ley General de Comunicación Social, firman contratos millonarios sin exigir tampoco los estudios que emiten las empresas que están autorizadas por la SEGOB para certificar la circulación, cobertura geográfica y perfil de lector, pues se van solamente con las métricas de google o de Facebook que son empresas extranjeras y sin personalidad jurídica en el país.
Ellos, se pasan por el arco del triunfo las tarifas publicitarias que son autorizadas cada año a los medios de comunicación legalmente constituidos por la Dirección de Control Interinstitucional y Sectorial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en base a las mismas puedan ofertar sus espacios o servicios publicitarios a las dependencias públicas de los tres niveles de gobierno.
Sin embargo, en lo local las leyes son letra muerta, el dinero de algunos ayuntamientos se dilapida a diestra y siniestra, al fin, en México mágico todo se vale, no hay quien ponga orden, mucho menos tratándose del manoseado rubro de comunicación, en el que opera una mafia bien organizada de medios digitales factureros de sedicentes comunicadores o creadores de contenido que están fuera de toda normatividad y en contubernio con jefes de prensa que de forma corrupta a través de prestanombres tienen sus propios “portalitos” de difusión para sustraer el dinero presupuestado a la publicidad oficial, la cual no se difunde como lo marca la ley, sino, como lo dictan sus intereses.