- Existe una mafia de medios factureros apócrifos e irregulares que desfondan las arcas municipales sin consecuencias jurídicas
Xicoténcatl Barajas
El concepto de delincuencia organizada no se debe limitar a aplicarlo a temas del narcotráfico ni del crimen, también se puede enmarcar en él a los hampones de cuello blanco que operan de manera soterrada con la investidura de jefes de prensa o directores de comunicación social en varios municipios sinaloenses.
Esto, porque desfondan las finanzas públicas municipales en contubernio con una red de medios de comunicación digitales factureros apócrifos e informales que no cuentan con registro ante la Unidad de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, pues el estado mexicano aun no los reconoce legalmente.
Sin embargo, facturan y cobran sin la autorización de la SEGOB ni de la SHCP que, mediante la Dirección de Control Interinstitucional y Sectorial autoriza las tarifas de los espacios que ofrecen los medios legalmente constituidos que son susceptibles a obtener publicidad oficial de acuerdo a lo que estipula la Ley General de Comunicación Social, aplicable en todo el país y que exige su inscripción ante el Padrón Nacional de Medios de Comunicación de la dependencia federal, (https://pnmi.segob.gob.mx/reporte/resultado) lo que deben acatar la federación, estados, municipios y organismos autónomos.
Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó el pasado 15 de mayo en su conferencia de prensa – “la mañanera del pueblo”- que apenas se está trabajando en la adecuación de la normatividad para ver la posibilidad de que la SEGOB pueda registrarlos (digitales y alternativos), siempre y cuando cumplan ciertos requisitos como así están obligados los medios impresos, televisoras y radiodifusoras, para que entonces pudieran obtener pautas de publicidad oficial, pero a ella se le adelantaron desde hace años los directores de comunicación social y jefes de prensa corruptos que la reparten en los municipios de manera ilegal.
Y, mientras eso sucede, medios al margen de la ley siguen facturando y despachándose con la cuchara grande en varios municipios de Sinaloa, violando con flagrancia la Ley General de Comunicación Social sin tener los documentos que sustenten su certeza jurídica para comercializar espacios publicitarios y ni tampoco para circular de forma legal.
Las encargadas o encargados de las áreas de comunicación social o de prensa; de oficinas de compras; de tesorerías municipales y oficialías mayores, omiten, por así convenir a intereses mezquinos, la documentación que autentifique la legal constitución de un medio de comunicación.
Principalmente, la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo expedida por el Instituto Nacional del Derecho de Autor de la Secretaría de Cultura; el Certificado de Licitud de Título y Contenido otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación a través de la Unidad de Normatividad de Medios; la vigencia en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación; estudios de Circulación, Cobertura Geográfica y Perfil de Lector realizados por una agencia certificadora de medios autorizada por la Secretaría de Gobernación.
Excluyen el refrendo anual de la concesión de los medios electrónicos, ya sea de radiodifusora o televisión, así como la vigencia en la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, mucho menos respetan las tarifas autorizadas y selladas por la Dirección de Control Interinstitucional y Sectorial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues a criterios discrecionales autorizan millones de pesos a medios o plataformas digitales sin la documentación que avale su existencia legal ante la autoridad.
Por eso, la operación enjambre implementada por el gobierno federal a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que dirige Omar García Harfuch pudiera ser inminente y replicarse en los municipios donde las facturas de medios apócrifos e irregulares brotan como hongos en las cuentas públicas de los gobiernos municipales que tienen cabildos omisos y en los que existe confabulación de funcionarios corruptos que simulan contratos legaloides para sustraer el dinero del pueblo, en pocas palabras, robárselo.
Bastan los amiguismos, compadrazgos y pertenecer a la misma mafia política y facturera para tener luz verde y saquear el erario municipal, incluso, se sabe que hay jefes o directores de comunicación social que son “dueños” – con prestanombres- de “granjas” de portalitos carentes de toda legalidad y que también se atreven a facturar con páginas de Facebook o canales de YouTube desafiando las consecuencias jurídicas de los delitos que están cometiendo con sus latrocinios, desobedeciendo a la misma presidenta Sheinbaum que viene impulsando políticas anticorrupción y la austeridad republicana.
A diferencia de todo el proceso jurídico que tienen que pasar los medios de comunicación formales, con requisitos estrictos para operar y poder comercializar espacios, a los medios digitales irregulares o portalitos que representan una competencia desleal porque desfalcan dinero público de los municipios de manera ilegal, únicamente se les pide para ser contratados de forma legaloide la constancia de situación fiscal como persona física, aunque no tenga actividad o relación alguna con los medios de comunicación y el famoso formato 32D, que es la constancia de obligaciones fiscales en sentido positivo.
Así, la violación es evidente a la Ley General de Comunicación Social, que es la que debiese normar la asignación de la publicidad oficial de la federación, estados, municipios y organismos autónomos, institutos electorales, partidos políticos y universidades públicas, como ya se ha documentado y publicado en entregas periodísticas pasadas.