Comunicado
La Diputación Permanente del Congreso del Estado de Sinaloa recibió el informe semestral del Órgano Interno de Control del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, correspondiente al periodo del 23 de julio de 2025 al 23 de enero de 2026.
El documento, firmado por la titular del Órgano Interno de Control, Michelle Adriana Pineda Prado, fue remitido a la presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, así como al Consejo Consultivo del Instituto.
El informe detalla acciones para fortalecer el control interno del organismo, entre ellas el avance en la creación del Sistema de Control Interno institucional y la elaboración de disposiciones y un manual administrativo.
También reporta el cumplimiento en la presentación de la Cuenta Pública correspondiente a los trimestres revisados ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, además de la publicación de información financiera en los portales oficiales de transparencia.
En materia de ética e integridad, se informó sobre la instalación y primera sesión del Comité de Ética del Instituto, así como la participación en foros, conversatorios y capacitaciones vinculadas al combate a la corrupción.
Durante el semestre, el Órgano Interno de Control no recibió denuncias por presuntas faltas administrativas.
Tras la lectura del documento, la presidenta de la Diputación Permanente, diputada Rita Fierro Reyes, lo turnó a la Comisión de Fiscalización para su estudio y análisis.
Por otra parte, la Diputación Permanente dio lectura a seis nuevas iniciativas que plantean reformas y adiciones a diversas leyes del estado.
Una de ellas, presentada por la diputada Elizabeth Ramírez Tirado, de Morena, propone modificar la Ley de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial para regular dispositivos de movilidad personal eléctricos y no motorizados, como scooters, patines eléctricos y monopatines.
La propuesta plantea que estos vehículos estén sujetos a las disposiciones de movilidad y seguridad vial, además de establecer reglas para su circulación sin autorización o en contravención de las disposiciones legales.
El Grupo Parlamentario del PVEM propuso adicionar el artículo 46 Bis a la Ley para Fomento del Turismo, con el objetivo de prohibir la circulación, tránsito y estacionamiento de vehículos motorizados en zonas de playa y otros ecosistemas costeros.
La iniciativa contempla excepciones para vehículos destinados a seguridad pública, protección civil y atención de emergencias, servicios públicos, mantenimiento o limpieza debidamente autorizados, así como aquellos que cuenten con permiso expreso de la autoridad competente.
También establece que los ayuntamientos deberán vigilar el cumplimiento de estas disposiciones y establecer señalización, delimitación de zonas restringidas y sanciones conforme a la normatividad aplicable.
El diputado César Ismael Guerrero Alarcón, de Morena, planteó reformas a la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa en materia de simplificación fiscal, digitalización de trámites y fortalecimiento de la fiscalización estatal.
Entre las modificaciones propuestas se encuentran cambios relacionados con el Impuesto Sobre Nóminas y la posibilidad de presentar hasta tres declaraciones complementarias para modificar montos y aplicar pagos efectuados con anterioridad.
Otra iniciativa, presentada por el ciudadano Andrés Amílcar Félix Zavala, propone reformas a la Ley de Educación para crear el “Consejo para la Calidad de la Educación y la Empleabilidad”.
El organismo tendría como objetivo alinear la oferta educativa estatal con las demandas del mercado laboral, supervisar la pertinencia de planes de estudio, promover la formación dual y evaluar el impacto de los programas educativos en la empleabilidad de los egresados.
El diputado Kristiam Alexis Espinoza García, de Morena, propuso reformas a la Ley de Participación Ciudadana para incorporar como principios rectores la accesibilidad, el trato digno y el uso de lenguaje claro en la información pública.
La iniciativa también plantea mecanismos de accesibilidad informativa, como formatos visuales o alternativos, asesoría personalizada y acompañamiento institucional, para facilitar que cualquier persona pueda comprender y ejercer sus derechos de participación ciudadana.
Finalmente, ciudadanas y ciudadanos, entre ellos Dora Armida Rivera Aguilar y Eduardo Ramírez Rivera, propusieron reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley de Educación para establecer programas preventivos enfocados en valores, crianza positiva, cultura cívica y cultura de paz.
La propuesta contempla talleres dirigidos a madres, padres, tutores y quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, además de incorporar la cultura de paz y la crianza positiva como temas de estos programas.