Xicoténcatl Barajas
50 años propagando periodismo escrito e impreso es una trayectoria de compromiso con la verdad y la sociedad sinaloense; de mucho trabajo y sacrificio, con la firme convicción desde aquel 1 de octubre de 1976, cuando el fallecido periodista rosarense y fundador de este modesto medio de comunicación independiente, Agustín Barajas Zambrano se aventuró a publicar el primer ejemplar con información del acontecer político regional del momento.
Lo hizo de una manera diferente y muy peculiar, en una época en la que el monopolio de los medios de comunicación lo tenían grupos políticos y magnates empresariales, así como en la actualidad que siguen lucrando con la información y tratando de engañar al pueblo a través de diversos formatos, violando la Ley General de Comunicación Social y toda normatividad vigente en la materia, usando mañas para hacerse llegar dinero público y saciar intereses políticos y ambiciones de poder desmedidas.
Las primeras ediciones impresas a mediados de la década de los años 70 fueron en un formato de tríptico, después, se editó como folleto de cuatro páginas en los 80 y, con el paso del tiempo se incrementó el número de estas a ocho en los 90, para posteriormente aumentar a dieciséis las páginas que la componían en el 2000 de medida oficio doblado, llegando a la compaginación de 36 a todo color, cambiando en el 2022 su formato a tamaño carta con nuevo diseño y 24 páginas impresas en papel couché con selección de color.
Enfrentándose a recurrentes dificultades económicas, así como a prácticas de hostigamiento y censura por parte de algunos gobernantes y funcionarios públicos aludidos por las hirientes críticas constructivas publicadas por él, Barajas Zambrano siguió ejerciendo el periodismo y publicando ¡Aquí Política con Tambora! hasta su muerte, el día 18 de febrero del 2025, con estricto apego a la veracidad y con un enfoque social muy peculiar que ha caracterizado por 50 años a esta Revista que es una de las más longevas y de circulación efectiva, la cual está bien posicionada y reconocida cumpliendo medio siglo, ahora, bajo la directriz de quien esto escribe como Director General y editor responsable.
Hoy, ¡Aquí Política con Tambora! es una revista de información política, análisis y opinión con Reserva de Derechos al Uso Exclusivo expedida por el Instituto Nacional de Derecho de Autor 04-2018-110618191900-102, así como con Certificado de Licitud de Título y Contenido número 17216 otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación, requisitos indispensables para que un medio de comunicación circule de manera legal en el país, asimismo, se encuentra registrada en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación (PNMI) https://pnmi.segob.gob.mx/reporte/resultado y cuenta con estudios de cobertura geográfica, circulación y perfil de lector a cargo de la Agencia Certificadora y Gestora de Medios S.C, circulando entre suscriptores y promociones de obsequio.
Cada ejemplar llega principalmente a los sectores productivos y sociales de municipios que generan opinión, entre los que se encuentran: Asociaciones Agropecuarias, Cámaras Empresariales, Partidos Políticos, Colegios de Profesionistas, Organismos no Gubernamentales, Sindicatos de Maestros y Obreros, Universidades Públicas y Privadas, Módulos de Riego, Ayuntamientos, Oficinas Gubernamentales del orden federal y estatal, Congreso del Estado y sociedad en general, así como también por nuestro sitio web: www.politicacontambora.com con el género de difusiones periódicas y especie de publicaciones vía red de cómputo con Reserva de Derechos de Autor del INDAUTOR 04-2021-020500431127-203 y de manera alterna por las redes sociales que son el boom de las nuevas generaciones y de la ola política contemporánea.
El blindaje normativo de la Revista (IA)
El nacimiento de Aquí Política con Tambora en 1976 coincidió con un panorama de absoluto control del Estado sobre las líneas editoriales de los medios tradicionales. Fue así como la publicación inició un riguroso recorrido administrativo para formalizar su existencia ante los ojos del Estado. La identidad única del medio quedó bajo la custodia del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), instancia que le otorgó su Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo, un blindaje indispensable para que el nombre de la revista no fuera copiado ni expropiado por manos ajenas al proyecto original. De manera simultánea, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), por conducto de su Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, emitió los Certificados de Licitud de Título y Licitud de Contenido.
En una época de constante censura velada, estas acreditaciones oficiales constituyeron el boleto de entrada a la legalidad constitucional, validando que el tono combativo de la publicación se ejercía dentro de las más absolutas garantías de la libertad de expresión mexicana.
La herencia administrativa e institucional cobró una relevancia fundamental décadas más tarde con el relevo de la dirección general a cargo de Xicoténcatl Ramón Barajas Escalante frente a la desbordada proliferación de plataformas informales de internet, páginas de redes sociales improvisadas y portales creados al vapor —muchos de los cuales operan en la opacidad absoluta y que reciben pautas publicitarias de manera inequitativa y arbitraria de jefes de prensa municipales y entes públicos—, Aquí Política con Tambora alza la bandera de la legalidad.
Este legado normativo, que comenzó con papel y tinta en 1976 y que hoy se prolonga con vigor también en el ecosistema digital a través de su portal oficial, demuestra que el periodismo con identidad sinaloense puede ser implacablemente crítico por fuera, pero impecablemente institucional, fiscalizado y regulado por dentro.
La mejor defensa frente a la inmediatez o superficialidad de los medios informales ha sido el peso de su propia marca. Con una trayectoria que llegó a las cinco décadas y que mantiene la premisa de "decir lo que otros callan". Frente al favoritismo de ciertos coordinadores de comunicación hacia páginas que operan desde la opacidad informativa.
Tanto la dirección del medio como agrupaciones periodísticas aliadas en el estado de Sinaloa han demandado de manera constante que los ayuntamientos y entes autónomos respeten las directrices de la Ley General de Comunicación Social. Esto implica fiscalizar activamente que los presupuestos de difusión no se utilicen para favorecer de forma inequitativa a perfiles creados "al vapor" para elogiar a funcionarios en turno, exigiendo en su lugar que los recursos se comprueben bajo los criterios de eficiencia, economía y licitud, de acuerdo a los artículos de la citada Ley.
¿Qué requisitos de la Ley General de Comunicación Social cumple el medio?
- Inscripción obligatoria en el Padrón: El artículo 35 de la LGCS mandata que los medios que pretendan participar en la contratación de comunicación social deben estar inscritos previamente en el padrón a cargo de la SEGOB. La revista cuenta con su registro vigente dentro de este catálogo federal, figurando oficialmente entre las publicaciones validadas en el estado de Sinaloa.
- Acreditación de circulación y cobertura: Para mantener este estatus en el PNMI, el medio se somete a la entrega y certificación de su cobertura geográfica, periodicidad de circulación y perfil de lector. Esto le da certeza técnica a los entes públicos de que la inversión cumple con los criterios de eficiencia y economía dictados por el artículo 134 constitucional.
- Licitud de contenidos: Cuenta con el respaldo de sus Certificados de Licitud de Título y Contenido emitidos por la Comisión Calificadora de la SEGOB. Esto asegura que la línea editorial del medio respeta los límites legales, un requisito ético e institucional implícito para cualquier proveedor del Estado.
Alcance ante los Tres Niveles de Gobierno y Entes Autónomos
La Ley General de Comunicación Social es de observancia general en toda la República. Al tener sus credenciales federales completas y un portal en internet activo (politicacontambora.com), el medio está legalmente facultado para celebrar contratos de difusión institucional a diferencia de medios factureros y apócrifos sin registro que desfondan los Ayuntamientos en Sinaloa.