* Jamás aplican el pago del impuesto por excedente del precio de los vehículos comprados con el erario público
Redacción
Funcionarios públicos de todos los niveles están violando la ley cuando compran vehículos con valor superior a los 170 mil pesos, porque deben pagar el impuesto por el excedente de ese valor y jamás lo hacen a pesar que la ley hacendaria los obliga terminantemente.
La explicación nos la ofrece el Contador Público Certificado, José Antonio Espinoza Sepúlveda, quién recientemente compitió para ocupar la auditoría superior del estado.
Sostuvo que la evasión fiscal de este modo es un fenómeno de siempre porque ni la autoridad hacendaria ha empezado a ejercer su cumplimiento. Que si el fisco empieza a requerirá a todos los funcionarios por este motivo ya hubiera un grandísimo número de sanciones económicas y administrativas y tal vez ya conoceríamos al primer encarcelado por evasión.
Explicó que esto se da cuando el encargado de un ente público o dependencia gubernamental adquieren vehículos con valor superior al monto que se explica; la norma indica que el excedente del precio se acumula al ingreso nominal del propio funcionario para determinar el impuesto a cubrir.
La ley así lo ordena pero ningún funcionario ni servidor público de cualquier nivel ha entrado en el análisis y la propia autoridad tributaria no ha empezado la aplicación de la norma jurídica para obligar al cumplimiento de este impuesto.
También deberían entrar en este análisis las áreas de asistencia técnica contable de estos entes públicos, de los gobiernos estatales y de los ayuntamientos para entrar en un nivel de responsabilidad que permita crear la confianza de la ciudadanía en el cumplimiento de las obligaciones legales.
Dijo que el uso de vehículos de costo superior a este que se indica, es muy común cuando estos van a utilizarse para uso de los funcionarios; más agravado resulta cuando los funcionarios usan otros vehículos oficiales a cargo de sus escoltas o asistentes en materia técnica. La ley dice que el responsable fiscalmente es el mismo funcionario.
“Imagínate que un presidente municipal que trae una Suburban de millón y medio de pesos, sólo podría usar un vehículo de 170 mil porque así lo dice la Ley y en teoría el excedente debe fijarse para determinar el impuesto que debe pagar el funcionario, sin embargo en la práctica no se da porque nadie lo observa».
«Más delicado es el caso de la alcaldesa en el norte del estado que adquirió un vehículo último modelo con recursos del erario público; si argumentó que la unidad estará al servicio de otros funcionarios de su municipio el principio de la necesaria medianía en la administración pública indica
que debió adquirir unidades austeras y de mayor rendimiento para que el beneficio al servicio público y a la sociedad sea más equilibrado, pero tampoco ocurre; Así esa funcionaria incurre en responsabilidad penal que la debe fijar la propia autoridad».
