Redacción
En Sinaloa se siguen jugando las cartas de los intolerantes. En los tiempos más recientes las ansias por controlar o castigar a los medios de comunicación se ha vuelto un escenario muy complicado, incluso, en esta lid, hay marcada competencia entre las fuerzas del poder de partidos que compiten en el espacio público.
La reciente propuesta de «ley mordaza» llevada por el Partido Sinaloense al pleno del Congreso del Estado no ha sido la única circunstancia que viven los medios de comunicación; más bien es la segunda parte de una intentona que ya había promovido el gobierno de Mario López Valdez en su último mes de gobierno, pero ahora con alcances mucho más agresivos.
La de los diputados del Partido Sinaloense y la de Mario López Valdez tienen en común haber surgido en situación coyuntural, muy especial y característica de las mentes que se alimentan de las ideas de Nicolás Maquiavelo.
Mario López Valdez aprovechó la oportunidad cuando se planteó a nivel federal; así, en el pleno de la Sexagésima Primera legislatura.
El texto completo planteaba establecer las condiciones legales en que se sustentaba el nuevo modelo de Justicia Penal mediante los juicios orales y por ahí, entre líneas, muy bien disfrazada de lenguaje legaloide lanzaba la prohibición para los trabajadores de medios de comunicación de acercarse al escenario del crimen.
Así, toda fotografía del sitio dónde ocurriera un asesinato era materia de delito y se obligaba al periodista a esperar el boletín
institucional sin tener acceso a ningún dato adicional alrededor de los hechos.
Por razón de esto Sinaloa sumó su fama nacional por las grandes matanzas, a alcanzar relieve nacional por la ley mordaza del insigne Mario López Valdez. Hubo protestas, intervención del gremio periodístico y los diputados más ruidosos por la supuesta política social en favor del pueblo, terminaron declarándose sorprendidos en sus cinco minutos de estupidez, pues el voto fue prácticamente unánime de todos los colores. La ley mordaza de Malova fue retirada después de haber sido exhibida junto con sus promotores más abyectos.
Luego, surgió una nueva intentona de mayores magnitudes: el partido Sinaloense que comanda el ex rector de la UAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda y los seis diputados que tienen origen en la misma universidad lanzaron la iniciativa para reformar, adicionar, modificar y derogar algunos artículos del Código Familiar, el de Procedimientos Familiares y el Civil en el Estado de Sinaloa para regular el daño moral.
La iniciativa había sido elaborada el 8 de diciembre del año anterior y en la forma trasladaba el concepto de «daño moral» desde el Código Civil hacia el familiar, describen el «daño moral» y en qué circunstancias este deja de tener tal definición jurídica.
En la parte más resumida planteó que «la imagen de una persona no debe ser publicada, reproducida, expuesta, objeto de lucro en forma alguna, si no, es con su consentimiento, salvo que dicha reproducción está justificada por la notoriedad de aquella, por la actividad pública que desempeña o cuando la reproducción se haga
en relación con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público».
Se muestra generoso, incluso, cuando habla de las excepciones, al citar como no imputable a «la utilización de caricaturas de dichas personas de acuerdo con el uso social».
La parte central se ubica en el artículo 28 bis. Este establece: » cuando un hecho u omisión ilícito produzca un daño al patrimonio moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se hayan causado daños materiales.»
Debió intermediar una serie de publicaciones cuestionando el carácter persecutorio y los fines lucrativos, con énfasis muy especial por la demanda que tiene emprendida el mesías de ese partido contra un periodista y una investigadora universitaria.
El presidente del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda reculó entonces y anunció que retiraba la iniciativa, pero siguió sosteniendo acusaciones de uso malicioso por parte de medios de comunicación y la manipulación de periodistas en su buena fe.
Hubo un trabajo adicional realizado por «bots» y personeros profesionales en manipular e inundar las redes sociales y los correos electrónicos, haciendo aparecer una publicación del 8 de diciembre del 2015 en el Diario Oficial de la Federación; sus mercenarios y “gatilleros de la pluma” trataban de hacer aparecer esto como mérito del PAS y hubo ingenuos en medios electrónicos, que defendieron a pie juntillas esa especie.
La falla se dio porque aquella publicación en el Diario Oficial de la Federación, fue un acuerdo de la Cámara de Diputados y sólo establece la obligación de publicar una réplica por parte del medio o
la persona que publica cuando ello causa dolo o afecta la imagen por hechos falsos o inexactos. Jamás se menciona la reparación del daño con una millonada, como se pretendía por los diputados pasistas.
Pero aquí el contenido termina siendo una espada de doble filo, pues de los propios fondos de ese partido han surgido publicaciones impresas, sitios web y programas radiofónicos, cuya característica es arremeter contra otras figuras públicas que le estorben en el camino al maestro Cuén.
En ese tenor, la iniciativa iba a resultar instrumento ideal, ahora por cualquiera en la contraparte, para sacarle jugosa remuneración a esas publicaciones que el propio PAS socorre.
Como complemento del «desanimo» de los verdugos y censores, el propio gobernador Quirino Ordaz fue reiterativo en el ínter que no sería parte de la asonada. En ésta el gobernante se comprometía con el ejercicio libre e inobjetable de la libertad de expresión.
Eso fue una demarcación implícita y mensaje a la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado para no ser parte de los vientos de tormenta, ya de por sí mermados por otras acciones duramente cuestionadas. Entonces las cosas no fueron más favorables para las pretensiones de sacar esta reforma.
Incluso, el propio rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra Liera se puso de lado del gremio periodístico al declarar que quienes son servidores o figuras públicas “no deben de tener la piel tan sensible” al momento de ser criticados.
Así es que, habrá de considerarse que estas arremetidas frustradas después de haber sucedido la primera aparición pública, son muestras de ánimos adversos que conserva el primer círculo del
Partido Sinaloense y de algunas figuras identificadas en otros partidos dominantes en el espectro político de Sinaloa.
Vale la pena llevar una observación detallada, minuciosa y con fuerte sentido de malicia preventiva, ante cualquier situación que pretenda repetirse, pues las ocasiones que han tenido que dar vuelta atrás no significan tampoco el debilitamiento de la fuerte influencia que tienen estos partidos en los espacios de poder público y tampoco es descartable que nuevas propuestas de esta naturaleza, aunque en tono más disfrazado, puedan seguirse repitiendo.
El derecho a la libertad de expresión sigue siendo amenazado aun cuando la crítica que ejercen los medios es a los actos públicos de las personas instaladas en el poder y, la razón es tan básica por el hecho de que los millonarios presupuestos que éstos tienen a la mano provienen del erario público y la vigilancia es sobre el uso y abuso que se practica sobre esos recursos.
