Redacción
El periodismo mexicano en el sexenio encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha sido objeto de descalificación por parte del gobierno y víctima de una vorágine criminal de violencia a causa de la impunidad e indiferencia de las autoridades, pues, tan solo en el año 2022 más de 10 periodistas han sido asesinados mes tras mes.
Lamentablemente, Sinaloa no fue la excepción en esta masacre, y en el mes de mayo el estruendoso homicidio del periodista Luis Enrique Ramírez conmocionó a toda la sociedad sinaloense, dando muestras una vez más del desamparo en el que se encuentra el gremio periodístico en un país donde la verdad es callada sin escrúpulos.
Tras este acontecimiento, inmediatamente el gobierno estatal y el recinto legislativo pusieron en marcha el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, tras una serie de jornadas y consenso entre destacadas plumas del quehacer periodístico sinaloense y personajes de la autoridad en turno.
Entre las disidencias del gremio y las inconformidades de quienes aspiraban a dirigir dicho instituto se nombró a Jenny Judith Bernal Arellano, quien, pese a su falta de experiencia, la esperanza de una labor segura hizo que se le diera el voto de confianza para hacer valer la ley y ejercer los derechos para que la libertad de expresión en Sinaloa no sea coaccionada.
Pero la polémica no se hizo esperar, pues, en un inicio Bernal Arellano pidió un presupuesto de 29 millones de pesos, el cual fue reducido a 24 después de una estira y afloja con los consejeros y, a esto le siguió que el destino de dicho monto presupuestal será concentrado, la mayor parte, en el área administrativa, con un sueldo excesivo arriba de 60,000 pesos mensuales para dicha dirigente y además la intención de contratar a más de 20 personas con sueldos igualmente desmesurados.
Las expectativas que muchos habían vaticinado de que dicho instituto y la libertad de prensa serían solo letra muerta o un ente para tratar de disimular la realidad, con el propósito de servir para emplear a personal de confianza, pero sin dar resultados, se comenzaron a cumplir.
Un importe robusto para la nómina y que insulta la labor de los verdaderos periodistas de a pie que viven en paupérrimas condiciones salariales, aquellos a que los que se supone debe de proteger este organismo en el que los consejeros solo serán honoríficos, o lo que es igual, figuras decorativas.
¿Quién protege a los periodistas en Sinaloa?
Definitivamente los periodistas mexicanos y sinaloenses viven tiempos de desamparo y hostilidad, con gobiernos indiferentes y que atacan a la importante labor que representan en la dinámica de las estructuras sociales.
La ilusión de un ejercicio profesional con la seguridad merecida se esfumó cuando la advenediza dirigente Jenny Judith Bernal Arellano y compañía solo vieron la oportunidad de proteger su solvencia económica y no tratar de impedir que más sangre sea derramada por escribir con la verdad al combatir a aquellos que buscan engañar a la sociedad.
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