Redacción
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos de Norte América, acusó al gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya y otras nueve personas, políticos y funcionarios, así como a ex colaboradores y ex jefes policiacos de la administración estatal, destacando en el listado el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el senador Enrique Inzunza Cázarez y el ex secretario de Administración y Finanzas del Gobierno, Enrique Díaz Vega y demás, por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.
Desde luego, el tema es un escándalo y corre como reguero de pólvora generando reacciones en cadena por la magnitud de lo que esto implica en términos políticos y jurídicos, más, dándose en el contexto de la violencia que se vive en Culiacán y todo Sinaloa desde hace ya casi dos años.
Rocha Moya, de inmediato negó vía redes sociales la acusación y también lo hizo a través en un boletín de prensa enviado por la Coordinación General de Comunicación Social en el que se puede leer:
“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno”, dijo.
Este ataque no es únicamente a mi persona, sino, al Movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa”.
Añadió que estos señalamientos además se inscriben en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable”.
“A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia”, puntualizó.
Por otra parte, este mismo miércoles la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República, dio a conocer en un comunicado que recibió ayer martes por la tarde solicitudes de detención provisional con fines de extradición, las cuales serán turnadas a la Fiscalía General de la República.
Sin embargo, los documentos que fueron recibidos por parte de la Embajada de los Estados Unidos, de acuerdo a la revisión jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuentan con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición.
Sin embargo, como debe procederse en estos casos, será la Fiscalía General de la República quien determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición.
Se informa que en los tratados vigentes hay provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información, por esta razón se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer.
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