- Hay quienes solo hacen libertad de extorsión y no de expresión, convirtiéndose en asaltantes de las redes sociales
Xicoténcatl Barajas
La unidad gremial en el periodismo de Mazatlán y en Sinaloa es una falacia que solo obedece a intereses personales o económicos, atendiendo la clásica de: “¡primero yo!, ¡después yo! y al ¡último yo!”, demostrándose el canibalismo y no compañerismo que ha sido desde décadas una de las características del gremio, que se degrada más rápido ahora con tantos asaltantes de las redes que no hacen libertad de expresión, sino, libertad de extorsión.
Así es como le sucede hoy al comunicador y periodista crítico, Ernesto Zepeda del portal informativo: “Frente Noticias”, que produce en el puerto de Mazatlán y, donde precisamente, por sus hirientes y punzantes análisis y opiniones hacia políticos y servidores públicos de ese sufrido y aguantador municipio, es blanco de intimidaciones y amenazas.
Apenas hace una semana Zepeda denunció que ese tipo de personas, remedos de políticos y funcionarios corruptos, lo estaban asediando con actos de amedrentación, tratando de censurar sus publicaciones o bien, haciendo la intentona de silenciarlo.
El caso tomó otro derrotero, más grave que haber despedido del empleo a su esposa del gobierno municipal y el haberle cancelado el contrato de publicidad oficial en el municipio, cuando a su casa una camioneta con logos de una empresa pasó a baja velocidad para fotografiar la fallada.
Desde luego que eso encendió las alarmas y empezó a buscar el amparo del mecanismo de protección a periodistas de Sinaloa para que su caso fuera atendido con prontitud y prevenir cualquier agresión física o letal.
Zepeda, quien tiene ya varios años de ejercicio periodístico les puso nombres y apellidos a los artífices, señalando a la alcaldesa con licencia Estrella Palacios, quien anda en franca campaña para ver si es gobernadora por MORENA, y a algunos de sus esbirros que dejó en la comuna cobrando en la nómina.
Tal es el caso de la presidenta municipal interina, Minerva Osuna y del tesorero Julio César Ramos Robledo, encargado de la elaboración de contratos legaloides de publicidad oficial con medios de comunicación que no cuentan con registro ante la Secretaría de Gobernación y ni tampoco con reserva de Derechos al Uso Exclusivo de INDAUTOR, violando de manera flagrante la Ley General de Comunicación Social.
Sin embargo, lo más triste es que los colegas comunicadores y periodistas del puerto sinaloense –salvo honrosas excepciones- no se solidarizaron ni lo respaldaron en estos días de terror que vive junto con su familia ante las amenazas veladas que está recibiendo por parte de la bien organizada mafia política local que busca a costa de lo que sea y como sea callarlo.
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