Comunicado
Propuestas para fortalecer la protección animal, elevar las sanciones por emplear a menores de edad, incorporar la Lengua de Señas Mexicana en el sistema educativo y regular el ejercicio profesional en Sinaloa formaron parte de los asuntos presentados durante la Sesión Ordinaria de la 65 Legislatura del Congreso del Estado, donde se dio lectura a seis iniciativas y un dictamen.
Entre los asuntos abordados se encuentra el dictamen de la Comisión de Justicia que plantea reformar el artículo 364 Bis A del Código Penal estatal para establecer que el delito de maltrato o crueldad animal sea perseguido de oficio. La propuesta deriva de dos iniciativas presentadas por separado por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y el diputado de Morena Pedro Alonso Villegas Lobo.
En materia de protección de niñas, niños y adolescentes, la diputada de Morena Erika Rubí Martínez Rodríguez propuso modificar el artículo 274 del Código Penal para incrementar las sanciones contra quienes empleen a menores de 18 años en cantinas, tabernas, establecimientos con máquinas de juegos de azar y otros centros de vicio.
La iniciativa plantea elevar las penas de dos a cinco años a un rango de tres a seis años de prisión, además de aumentar las multas de 200 a 500 días a entre 250 y 650 días. También propone castigar con tres a seis años de cárcel y de 250 a 550 días multa a quienes empleen a menores en espacios públicos o vías de circulación, o los coloquen en condiciones que pongan en riesgo su integridad física, emocional y desarrollo integral.
Asimismo, contempla sanciones para padres o tutores que permitan la contratación de menores bajo su responsabilidad en esos espacios, con penas de seis meses a dos años de prisión y la posibilidad de privarlos, suspenderlos o inhabilitarlos hasta por cinco años en el ejercicio de determinados derechos.
Otra propuesta, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, busca establecer nuevos requisitos para ocupar la Dirección General del Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte. Entre ellos, ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos, tener al menos 30 años al momento del nombramiento y contar con formación profesional, preferentemente en administración, administración pública o dirección deportiva.
En el ámbito educativo y de inclusión, el diputado de Morena Kristiam Alexis Espinoza García y el ciudadano Alejandro Padilla Lora plantearon reformas a la Ley de Educación y a la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad del Estado de Sinaloa para incorporar la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana en instituciones públicas y privadas.
La iniciativa propone incluir esta enseñanza en los planes de estudio, talleres y actividades extracurriculares, además de impulsar el Modelo Bilingüe de Educación para Personas Sordas, que prioriza la Lengua de Señas Mexicana como primera lengua y el español escrito como segunda.
También plantea reconocer la Lengua de Señas Mexicana como parte del patrimonio lingüístico de Sinaloa y establecer que la Secretaría de Educación Pública y Cultura garantice la capacitación y actualización permanente del personal docente que atiende a estudiantes sordos o con discapacidad auditiva.
Por su parte, el Grupo Parlamentario del PRI propuso modificar la Ley Orgánica del Congreso del Estado para fortalecer el proceso legislativo y garantizar que las diputadas y los diputados reciban con anticipación los dictámenes que serán sometidos a consideración del Pleno.
La propuesta establece que la Mesa Directiva, por conducto de su presidencia, envíe los documentos en formato digital accesible mediante correo institucional, con al menos 24 horas de anticipación a la primera lectura. En caso de fallas técnicas acreditadas, deberán adoptarse medidas para garantizar su entrega y diferirse la lectura correspondiente.
Además, plantea que cuando un dictamen supere las 30 fojas por una sola cara, la Presidencia pueda proponer sustituir la primera lectura por el envío previo del documento, con al menos 48 horas de anticipación a la segunda lectura, siempre que no exista una objeción fundada de alguna diputada o diputado.
En materia de no discriminación, la diputada de Morena Nancy Yadira Santiago Marcos presentó una iniciativa para reformar las fracciones VIII y IX, y adicionar una fracción X al artículo 11 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Sinaloa.
La propuesta busca implementar sanitarios neutros, inclusivos, de uso universal y accesibles para todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad, sin distinción de sexo, identidad o expresión de género. También establece que estos espacios deberán garantizar condiciones de accesibilidad, seguridad y privacidad en edificios públicos de nueva construcción o sujetos a remodelación.
La sexta iniciativa fue presentada por el Grupo Parlamentario del PAS, junto con las ciudadanas Rosa Emma Contreras Villapudua y Paula Liliana Díaz Quiñónez, y propone expedir una nueva Ley que Regula el Ejercicio Profesional del Estado de Sinaloa, con la consecuente abrogación de la legislación vigente.
El proyecto contempla 173 artículos distribuidos en cinco capítulos, además de 16 transitorios. Entre sus objetivos se encuentran regular las actividades profesionales que puedan representar riesgos para la vida, la salud, la libertad, la seguridad o el patrimonio de las personas; establecer requisitos para ejercer profesiones que requieren título y cédula profesional, y definir las atribuciones de las autoridades competentes y organismos auxiliares.
También plantea crear el Registro Profesional Estatal, regular las Comisiones Técnicas de las distintas profesiones y establecer mecanismos voluntarios de certificación y refrendo profesional mediante convenios de colaboración con la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Asimismo, contempla integrar un Padrón de Profesionistas Certificados y con Refrendos.
La iniciativa busca generar certidumbre sobre la preparación, responsabilidad e integridad ética de quienes ofrecen servicios profesionales, así como establecer garantías de calidad en el ejercicio de sus actividades.