El colegio de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos está llamando la autoridad para que se apruebe el marco jurídico que permita que las autoridades de salud intervengan de forma directa en el control y se logre la construcción de la normativa que permita castigar los actos de charlatanería médica en que se escudan algunos improvisados que tomaron cursos ocasionales y han causado daño físico, estético y psicológico a cientos de personas.
La presidenta de esta Asociación Civil, Rafaela Martínez Terrazas, fue invitada a impartir una conferencia sobre el tema ante miembros de la comunidad médica y diputados, con asistencia de miembros de la comunidad interesados.
La conferencia fue organizada por el diputado del Partido Verde Ecologista, Misael Sánchez Sánchez y argumentó, que es el punto de soporte para darle mayor empuje a dos propuestas de ley que se plantean para la regulación de la actividad de la cirugía estética desarrollada en el Estado, donde se plantea que sea el secretario de salud el que se encargue de forma directa de realizar este tipo de controles.
La doctora Martínez Terrazas desplegó en la exposición una serie de filminas gráficas en las que se expuso una realidad poco conocida de forma tan abierta y que dibuja la tragedia por la que han cursado muchas mujeres que buscan mejorar su imagen a través de la cirugía y que acuden a personas que se prepararon a través de cursos online o maestrías y doctorados cuya naturaleza profesional está en constante duda.
Muchas veces el método de trabajo se realiza sin el menor cuidado hacia la persona y en lugares totalmente insalubres. Se mencionó cómo un cliente acude a un spa y termina allí realizándose una cirugía estética, lo que indica que a veces esta actividad se disfraza; esto es justo lo que realizan personas sin escrúpulos y una mínima preparación. Todo esto arroja como resultado que la propia actividad profesional, realizada por gente seria y con principios éticos, termine desacreditada.
Mostró fotografías del resultado desastroso que deja muchas veces a las personas al borde de la muerte y muchas veces no sobreviven. Aún, quienes tratan de recuperar la salud se deben sujetar a tratamientos y atenciones que en el menor de los casos les resultan en un costo de 50 mil pesos, pero la mayoría de las veces hacen gastos millonarios y con muy pocas garantías de un resultado deseado que es en todo caso es salvar la propia vida.
Estableció que esta actividad tiene muy pocos controles y un marco legal que deja muchos puntos huecos. Para esto se necesita introducir una legislación muy completa y que muestre la verdadera disposición del aparato institucional para corregir y castigar las malas prácticas, pues esto repercute fundamentalmente en la integridad de la persona y en su forma más general en el riesgo de perder la vida.
Durante la sesión de intervenciones, tanto de diputados asistentes como de miembros de la comunidad médica, se planteó la necesidad de realizar una labor preventiva intensa con todos los recursos al alcance y una plena disposición para ayudar a la comunidad sobre esta realidad que se oculta, o bien, que poco se denuncia por temor de la víctima a ser expuesta.
Se planteó que con los instrumentos legales debidos es posible ofrecer a las personas, principalmente mujeres, la garantía de encontrarse con profesionales debidamente capacitados y certificados, que serían en todo caso los que garanticen la realización de una correcta intervención sin los riesgos que esto implicaría en manos de personas improvisadas.
